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Susana Villarán, durante su gestión municipal, inició una reforma del sistema de transporte público que resultaba urgente. Si bien no era la gran reforma que esperábamos, iba en el sentido correcto de iniciar la formalización de la operación de transporte público y, entre otras medidas, se creaban corredores viales para las vías más importantes y congestionadas de la ciudad.

En su último año de gestión, el 20 de enero de 2014, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) otorgó la buena pro, en alianzas público-privadas (APP), a los concesionarios que se encargarían de implementar la reforma, que reemplazaría las antiguas unidades por buses modernos, ambientalmente amigables, con trabajadores contratados en planilla, con todos los beneficios correspondientes. Asimismo, se les garantizaba a los usuarios un mejor servicio que reduciría significativamente el tiempo empleado en su traslado.

Ya iniciada la reforma y aprobados los contratos, el MEF modifica la ley marco de las APP, lo que obviamente aplicaría a futuras APP y no a las ya vigentes, por el elemental principio de la no retroactividad de las leyes. La MML, luego de enfrentarse al MEF, se alinea y solicita a los concesionarios modificar los contratos a través de adendas, lo que por lo menos dos concesionarios se negaron a aceptar, ya que afectaban significativamente sus intereses. El sector privado, que de buena fe se embarca en un proyecto con el Estado, realiza inversiones importantes, empieza a brindar un mejor servicio y recibe, luego de casi dos años, la noticia de que sus contratos son declarados nulos por no aceptar los nuevos términos impuestos.

Hoy vemos cómo se busca reemplazar modernos buses con unidades antiguas, más de 400 choferes pierden su empleo, usuarios envueltos nuevamente en el caos y, obviamente, un litigio que abrirá la empresa privada a la MML y que todos los contribuyentes tendremos que pagar. Cuándo entenderemos que los contratos se respetan.