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En lo que va de este año, solo se han adjudicado diez proyectos por un equivalente de S/.50 millones bajo el sistema de obras por impuestos. Muy poco. Esta potente herramienta para ejecutar obras públicas con la participación del sector privado no está siendo utilizada como corresponde, debido a que las nuevas autoridades, que iniciaron su gestión el presente año, tienen que pasar por un periodo de aprendizaje que pareciera estar tomando más tiempo de lo esperado.

Además, hay una razón no tan evidente. La manera de calcular el límite que tiene cada entidad para ejecutar obras bajo este mecanismo fue modificada en el 2013, haciéndolo variable y dependiente de los precios de los minerales (hoy a la baja), lo que dificulta su aplicación.

Esa modificación ha generado problemas y desincentivos a las empresas que celebraron convenios de financiamiento con los gobiernos regionales y locales durante los años 2012 y 2013, dentro de los límites adecuados para financiar los montos de inversión según los estudios definitivos, porque el monto total invertido para cubrir los incrementos del proyecto como resultado del expediente técnico u obras adicionales necesarias no puede ser cubierto por el nuevo límite.

Esta situación genera un panorama de incertidumbre, y el sector privado pierde confianza en el sistema al ver un cambio en las reglas de juego, posterior a compromisos ya firmados por el Estado. Ahora, el sector privado lo piensa dos veces antes de embarcarse en nuevos proyectos debido a los cambios que pueda experimentar el límite en un futuro próximo.

Mejoremos lo que no funciona bien y el gobierno tiene la posibilidad, ahora con facultades legislativas, de enmendar las cosas para tener un país con mejor infraestructura. Restablezcamos la confianza estableciendo disposiciones legales que respeten el límite vigente del año en que se celebran los convenios.