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Durante la campaña electoral, casi cualquier reforma del Poder Ejecutivo o el Congreso que no vendía políticamente ni atizaba la pelea quedaba oculta detrás de la discusión diaria en titulares y columnas de periódicos. Esto pasó con la Ley de Exportación de Servicios. A finales de mayo, el Congreso aprobó, correctamente, una ley para promover la competitividad en las exportaciones de servicios. El pasado 17 de junio el Ejecutivo la observó.

Más allá de las discusiones que han tenido ya los técnicos sobre esta ley –y en las que se ha mostrado la rentabilidad social, incluso a corto plazo, de la medida–, no hay duda de que en las décadas que vienen Perú necesitará desarrollarse como una plaza de exportación de servicios a nivel global. Actualmente, el sector servicios representa el 58% del PBI, ocupa al 55% de la PEA y atrae al 45% de las inversiones que llegan a nuestro país. Los servicios son el futuro y así lo han entendido muchos países competidores y también socios del Perú, como México y Colombia, que tratan a la exportación de un servicio igual a la de un producto: no pagan IGV al exportarse.

La ley, lamentablemente observada, impide que miles de profesionales peruanos de salud, ingeniería, turismo, software, automatización y otras disciplinas puedan trabajar y exportar sus servicios en las mismas condiciones que sus similares en países competidores. O somos audaces y promovemos la competitividad global de nuestros profesionales y empresas jóvenes, o nos quedamos detrás de los países que sí actúan sabiendo que el comercio de servicios será pronto mucho más importante que el de mercancías, tanto en valor como en aporte al desarrollo de conocimiento, capacidades y productividad del país. Nuevamente, una oportunidad perdida por mirarse el ombligo en lugar de mirar el futuro.