(Foto: GEC)
(Foto: GEC)

Los videos de Beder Camacho ingresando a las embajadas de Venezuela y México, difundidos por Perú21 y otros medios, no dejan ya lugar a dudas de que las declaraciones de los colaboradores que acompañan la sólida denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo tienen correlato con lo que ha venido sucediendo, es decir, con los hechos dolosos que se le imputan al mandatario.

El conjunto de evidencias presentadas en los últimos días está haciendo, incluso, cambiar de opinión a algunos congresistas que antes se prestaron a las maniobras de Palacio. Quién sabe si porque eran parte de ‘Los Niños’ y estaban debidamente “aceitados” con obras y puestos de trabajo para altos funcionarios... o porque pensaban que no existía evidencia suficiente sobre la red criminal por la que se investiga a Castillo. Pero eso ha cambiado: las pruebas siguen acumulándose.

La indignación y las posturas de rechazo a la conducta del presidente y sus adláteres van ganando espacio en las redes sociales, en los medios y en la opinión pública. Es momento de que las bancadas democráticas unan voluntades y criterios para encontrar por fin una salida a la crisis. El Perú necesita recuperar el tiempo perdido y echarse a andar.

Cada día que pasa, vemos cómo se desmonta o se intenta desmontar la institucionalidad en nuestro país. Tenemos una Oficina de Migraciones que no va ni para adelante ni para atrás, hundida en una incompetencia absoluta, situación calamitosa que resulta emblemática de la gestión castillista del Estado.

Somos hoy la nación de los grandes proyectos mineros y agroindustriales paralizados durante meses o que simplemente van cayendo uno tras otro, por las dudas –y certezas– que genera el gobierno entre los inversionistas. Sin mencionar, por supuesto, la ineptitud para encontrarles salida a los conflictos sociales ligados a muchas de estas actividades productivas.

Y, mientras el país asiste a esas patéticas imágenes de un asesor palaciego tocando puertas de embajadas para facilitar la fuga de algún socio o pariente presidencial, tenemos, por ejemplo, un Ministerio del Interior dedicado a neutralizar al valiente coronel Harvey Colchado en su labor de apoyo a la Fiscalía contra la corrupción del poder, en lugar de planificar estrategias contra el crimen en las ciudades, que hace tiempo se salió ya de todo cauce.