[Editorial] Rojas se despinta

La solicitud fiscal de impedimento de salida del país de Richard Rojas, el operador político y de los negocios de Vladimir Cerrón, ha llegado en el momento oportuno para evitar que el país pase vergüenza internacional y que el gobierno se salga con la suya de colocarlo como embajador en Venezuela. Y que en la práctica sería el segundo rebote de este funcionario, cuya dudosa reputación impidió ya antes que el gobierno de Panamá lo aceptara como embajador peruano.

El Poder Judicial debe resolver hoy el pedido y si bien no tomaría necesariamente en consideración el aspecto político, dado que es una facultad del Ejecutivo designar embajadores, los argumentos expuestos por la Fiscalía deberían bastarle para aprobar la restricción.

No debe olvidarse que, al ser incluido en el proceso de Los Dinámicos del Centro, Rojas forma parte de la misma organización delictiva de la cual hasta hoy se cuentan cinco dirigentes de Perú Libre que están prófugos y con orden de captura nacional e internacional.

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La terquedad del presidente, tratando de contentar al inefable Vladimir Cerrón –a quien la conformación del nuevo gabinete le dio un soponcio de grandes proporciones– o en complicidad con él, de poner al frente de una embajada a alguien que no reúne los mínimos requisitos y que incluso ya fue rechazado por otro país, podría y debería quedarse solo en un intento, y regresar las relaciones diplomáticas con la dictadura de Maduro a nivel consular, como estaban hasta ahora, debido a una larga serie de cuestionamientos de gobiernos y organismos internacionales sobre la legitimidad de su gobierno.

Aunque a primera impresión parece poco viable, no debería sorprender a nadie que se intente festinar trámites para que Richard Rojas –quien, del círculo inmediato Cerrón, era de los pocos que habían quedado “sin premio” en la repartija de jefaturas en el Estado– parta cuanto antes a Caracas, pese al pedido de la Fiscalía.

Una vez más, el gobierno de Pedro Castillo demuestra la alarmante carencia de cuadros y profesionales especializados para cumplir las funciones que requiere el país, dentro o fuera de sus fronteras, pero lo que es peor es la ausencia total de criterio para sus nombramientos a dedo.

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