Callar nunca

El recién proclamado presidente electo Pedro Castillo materializó, hace pocos días, amenazas directas contra la libertad de prensa y expresión al firmar una carta –junto con su abogado y miembro del equipo de Perú Libre, Julián Palacín– dirigida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En la misiva exige la apertura de una investigación administrativa contra Willax TV, y que –de haber responsabilidad– se apliquen multas y el procurador público interponga “las denuncias penales y civiles contra los autores intelectuales y medidas cautelares”.

Otros abogados vinculados a PL han presentado también una denuncia ante la Fiscalía imputando a un grupo de periodistas de esa casa televisiva los delitos de conspiración para sedición y grave perturbación de la tranquilidad pública. Y la Fiscalía, presurosa al parecer en estos casos, pero no, por ejemplo, para acelerar investigaciones contra Los Dinámicos del Centro, ya abrió una investigación.

MIRA: Mantener el paso

El abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló ayer, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida por ese canal, sin que le falte razón, que con esas acciones se estaría politizando y criminalizando la libertad de prensa, pues esa investigación se pondría en manos de un ministerio que pronto estará controlado por el propio Castillo. Asimismo, la Fiscalía entraría a tallar con delitos graves que pueden significar la privación de la libertad a periodistas, cuando lo correcto es que, si existieran reclamos por determinados contenidos informativos, estos se resuelvan con los mecanismos de autorregulación o entablando querellas por difamación ante el Poder Judicial.

Al margen de si coincidimos o no con los contenidos de Willax –o de cualquier otro medio de comunicación– las libertades de prensa y expresión deben ser para todos. Es un principio elemental de cualquier democracia y debe ser respetado tanto por un ciudadano común como por la máxima autoridad del país.

De no ser así, los enemigos de las libertades tendrán la vía despejada para acabar con todas las demás. Los límites al derecho de opinión e información los pone el lector, el televidente, el radioescucha, sancionando con su abandono a quienes falten a la verdad. Los gobiernos y mucho menos los políticos deben tener jamás la potestad de callar a nadie.

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