Está visto que, para ganar popularidad entre los electores más desprevenidos, basta ofrecer imposibles que supuestamente mejorarán la economía de la gente y proponer barbaridades sobre temas que a todos los peruanos preocupan, como la delincuencia y la corrupción en el Estado. Los dos últimos Congresos han sido pródigos en este tipo de parlamentarios, que buscan abrirse paso en las encuestas a punta de proyectos antitécnicos e irresponsables, pero de innegable pegada publicitaria.

Y si, además de nulo sentido de la ética y aún menor respeto por la democracia, se cuenta con una verba tan procaz como la de la legisladora Cecilia García Rodríguez, el coctel está servido. Convertir la ignorancia sobre cualquier materia de gobierno en una virtud populista le ha permitido a este personaje escalar posiciones en las filas del partido de José Luna y Daniel Urresti (Podemos) y hasta disputarles el protagonismo, sumando despropósito a despropósito, cada uno peor que el anterior.

Es que tan preclaro espécimen de nuestra política criolla no se molesta tampoco en ocultar sus ambiciones presidenciales. Con una carrera pública que incluye dos denuncias por hechos de violencia, ocurridos durante su campaña radial Chapa Tu Choro y Déjalo Paralítico, y otra del Reniec por un cambio de identidad que –pese a las denuncias en su contra– le permitió participar en las últimas elecciones, la legisladora García fatigó también las tiendas de Fuerza Popular, aunque finalmente fue apartada del keikismo.

A los insultos y amenazas –a falta de argumentos– proferidos contra el gerente del BCR y la ministra de Economía durante sus presentaciones en el hemiciclo –sin olvidar declaraciones sobre Sendero Luminoso que no pocos entendieron como apología del terrorismo– suma ahora la divulgación pública de los números telefónicos de los funcionarios y congresistas que le han hecho el pare o no concuerdan con sus disparatados planteamientos sobre los fondos de las AFP y la ONP, con el obvio objetivo de que sean acosados por cualquier hijo de vecino.

Si en la Comisión de Ética y en la Mesa Directiva del Congreso no se atreven a sancionar conductas, exabruptos y prepotencias como estas, ¿qué más bajo puede caer ya la institución?

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