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La otra mafia

“El delito, cuando los sobornos ya no sirven, se defiende con argucias y triquiñuelas legales para lograr la impunidad”.

Rodolfo Orellana Rengifo

Rodolfo Orellana vuelve a su condición regular ordinaria en la cárcel.

La otra mafia. (GEC)

USI

Editorial Perú21
Editorial Perú21

Como para que a los despistados no se les olvide que la corrupción en el Perú tiene una tradición que dista mucho de haber comenzado con el caso Lava Jato, ayer la fiscal Marita Barreto solicitó la pena de 35 años de cárcel para Rodolfo Orellana y la cúpula de su red mafiosa, integrada por más de cincuenta personajes.

La de Orellana fue una organización criminal que operó durante más de una década y se extendió a oficinas estratégicas del Estado –en la Sunarp y el Poder Judicial– para llevar a cabo una serie de estafas, despojos e ilícitas apropiaciones de bienes, principalmente inmuebles y terrenos. Esta red incluía como pieza clave, como se sabe, a uno de los pilares de la lucha contra la subversión y declarado “Héroe de la Democracia”, el coronel Benedicto Jiménez, encargado de amedrentar –a través de revistas, programas de radio y TV– a los que se ponían en el camino de la organización, y quien, incluso tras haber sido candidato a alcalde por el partido aprista, no tuvo mayor reparo en dar el salto al otro lado de la ley.
Esta apisonadora delictiva, que contaba también con nexos en el Congreso de la República, no habría sido detenida sin las denuncias de la prensa y el trabajo serio de jueces y fiscales como Marita Barreto.

Los abigarrados 4,600 tomos que comprenden la acusación de la Fiscalía dan fe no solo de la enorme complejidad del caso, que ciertamente la tiene, sino de la laboriosidad que exige llevar a buen término procesos contra el crimen organizado: a la honradez y el coraje que a lo largo de nuestra historia reciente han demostrado algunos magistrados que enfrentan entramados de corrupción a gran escala –a menudo con tentáculos en las altas esferas del Estado, la política o la empresa privada–, deben sumarle pues discernimiento jurídico, rigor y consistencia en su trabajo.

El delito, cuando los sobornos ya no sirven, se defiende con argucias y triquiñuelas legales para lograr la impunidad. Nuestros jueces y fiscales tienen que estar preparados para saber ganar también en ese terreno.

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