Editorial: La tregua

La presidenta Dina Boluarte hizo un llamado a una tregua ante la ola de destrucción y vandalismo desatada por el extremismo político en contra del país, la democracia y sus instituciones.

Turbas azuzadas e integradas en su mayoría –como bien apunta una reciente encuesta de Ipsos para Lampadia– por radicales de Sendero Luminoso/Movadef o sujetos vinculados a economías ilegales como aquellas del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, aparte, desde luego, de notorios militantes de Perú Libre y partidos de izquierda.

“Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos”, señaló la mandataria en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera del Perú (APEP).

El planteamiento de la presidenta constitucional es absolutamente razonable y podría decirse que hasta generoso. Boluarte se hace eco de lo que la inmensa mayoría del país quiere en este momento crucial de nuestra historia reciente. Que esta violencia termine de una vez para que el Ejecutivo y el Legislativo se enfoquen en concretar el adelanto de las elecciones generales y, mientras tanto, poder sostener la economía del país y devolver la paz a las poblaciones de las regiones más convulsas.

La situación ha sobrepasado cualquier límite. Para empezar, es ostensible el deterioro de la imagen del Perú como destino de la inversión extranjera que tanto necesitamos, justamente, para llevar desarrollo a esos pueblos que lo reclaman.

Y lo que es peor, el perjuicio que viene causando el vandalismo incendiario ya sitúa las pérdidas en más de 5 mil millones de soles, entre destrucción de infraestructura y afectación a la producción, en un sinnúmero de actividades económicas, según han precisado el gobierno y los gremios empresariales en sus respectivos sectores.

El comercio, el empleo, el libre tránsito, sea por vía aérea o terrestre, han sido duramente golpeados en distintos puntos del país, no solo donde hay mayor conflictividad. Si la violencia descontrolada continúa, pronto estaremos –todos los peruanos– enfrentando problemas bastante más graves de los que ya ha heredado el gobierno de transición.