Foto: BRITANIE ARROYO / GEC
Foto: BRITANIE ARROYO / GEC

Si el Perú ya parecía tener bastante con la revelación de que el expresidente Martín Vizcarra se hizo vacunar subrepticiamente en octubre del año pasado, con el correr de los días en las altas esferas del Gobierno y el Minsa se ha producido un efecto dominó de confesiones y renuncias que ha dejado a la ciudadanía entre la estupefacción y la náusea: el vacado presidente fue el más notorio, pero no el único privilegiado; la vacunación de la exministra ha provocado la misma indignación.

Conforme la lista de inoculados caleta se ha ido engrosando y saliendo a la luz, se ha confirmado que, sobre el lote de vacunas “de cortesía” que Sinopharm puso a disposición del Minsa, se abalanzaron funcionarios de alto nivel aprovechando su condición.

Al día de hoy, esa lista infame ya sobrepasa los 400 nombres. Y cabe esperar que se escuchen las voces de la fiscal de la Nación, la presidenta del Congreso y la presidenta del Tribunal Constitucional, quienes insisten en que se divulgue cuanto antes la identidad de quienes recibieron tal privilegio, mientras en la primera línea de lucha contra la peste día tras día morían médicos y personal de apoyo, como amargamente ha recordado el decano del Colegio Médico.

MIRA: Abuso de autoridad

Por lo pronto, otros miembros del gabinete han tenido a bien presentar declaraciones juradas en que rechazan haber sido parte de estas vacunaciones secretas. Las tristes excepciones fueron las ministras de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, y de Salud, Pilar Mazzetti. Ambas, en silencio, recibieron el infame pinchazo.

Este vergonzoso episodio, que denota una clamorosa falta de ética entre quienes, desde sus respectivos sectores, tienen la responsabilidad de llevar adelante las grandes políticas del Estado, debe ser ciertamente investigado a fondo y sancionado con rigor: ¿cómo y quién administraba la distribución de estas “cortesías”?

Una grosera falta de respeto al pueblo peruano, a quienes el COVID-19 les ha arrebatado seres queridos, a los enfermos, al personal de salud. El gobierno tiene ahora la enorme tarea de recuperar credibilidad, la ciudadanía tiene que poder confiar en quienes encabezan la lucha contra los feroces embates de esta segunda ola de contagios en plena crecida.