Que la legislación penal actual no contemple expresamente como actos terroristas los ataques vandálicos a instalaciones gravitantes para el país no implica que no lo sean.

Si atacar y quemar comisarías, ambulancias, sedes judiciales y fiscales y, peor, aeropuertos no es terrorismo, entonces el Estado está abdicando de su obligación de proteger a la ciudadanía de las turbas de desadaptados que violan la ley, imponen terror y ponen en riesgo las vidas de los demás.

Es tarea del Ejecutivo y del Congreso actualizar la legislación penal y recoger lo que viene ocurriendo en la realidad para tipificar correctamente todos los supuestos de terrorismo, más allá de la pertenencia o no a una organización sediciosa. La destrucción de dependencias estatales e instalaciones de empresas privadas se parece cada vez más a los primeros asaltos del terrorismo en los años ochenta del siglo pasado.

No se puede permitir que, como suele decirse, tengamos una “democracia boba”, que no sabe defenderse. Es decir, un grupo de violentistas busca destrozar el país y lo intenta a vista y paciencia de las autoridades, a sabiendas de que luego no les sucederá nada, ya que sus acometidas contra la propiedad o a la integridad física de ciudadanos y autoridades serán calificadas apenas como disturbios o atentados contra la tranquilidad pública. Y de lo que estamos hablando es de hechos delictivos flagrantes, actos criminales que, no lo olvidemos, han llegado también hasta el homicidio. Una impunidad jurídicamente insostenible.

El domingo en la noche, se intentó incendiar una comisaría en La Joya, Arequipa, bajo una lluvia de piedras y palos, usando bombas molotov, y si no hubo mayores pérdidas humanas, fue porque la Iglesia medió en el rescate de un policía secuestrado y maltratado por la muchedumbre, al que tenían como rehén.

A la fecha, la cifra de efectivos policiales heridos asciende casi a 600. Y, contrariamente a lo que ocurre con vándalos y extremistas, ellos, quienes exponen sus vidas en defensa del Estado de derecho, terminan sancionados o arrastrando interminables procesos administrativos, a veces incluso judiciales, que en muchos casos les llegan a acortar sus carreras.

Visto lo que está sucediendo en estos días, sería hora ya de que las autoridades respectivas acaben con este absurdo legal.