La CADE 2018 se lleva a cabo en Paracas. (Foto: GEC)
La CADE 2018 se lleva a cabo en Paracas. (Foto: GEC)

Ya en las últimas semanas del año y luego de varios meses de ruido e incertidumbre política, resulta alentador y gratificante escuchar voces como la del presidente de Ferreycorp, Óscar Espinoza, que esta semana –desde la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2018– anunció la iniciativa Cero Soborno. Más aún en un país como el nuestro, en el que el 94% de ciudadanos percibe que la corrupción se encuentra en niveles altos o muy altos, según la encuesta de Datum de octubre último.

Espinoza, fundador y presidente del Consejo Directivo del programa Empresarios por la Integridad, ha explicado que la propuesta busca implementar mecanismos para someter las normas y proyectos de las empresas a un proceso de certificación que reduzca el riesgo del soborno.

No se trata, asegura, de anuncios declarativos sino de adoptar medidas concretas que levanten barreras contra la corrupción y consoliden valores de integridad en los trabajadores. “La corrupción es de las personas, no de las instituciones. Mientras no haya un compromiso de los empresarios, esto no cambiará. Los empresas son corruptas porque sus empresarios son corruptos”, remarca. Harían bien otros altos ejecutivos en admitir esa situación.

El presidente Martín Vizcarra, también en la CADE 2018, no ha tenido empacho en recordarle a su ocasional auditorio que en episodios oscuros de nuestra historia “siempre estuvieron implicadas malas autoridades con algunos malos empresarios”. “Recuerden, donde hay un corrupto, hay un corruptor, tan culpable como él. (…) Como empresarios, ¿se han preguntado cuál es su cuota de responsabilidad en la situación actual?”, ha cuestionado.

En ese escenario de preguntas aún sin respuesta, el programa Cero Soborno podría constituir un buen termómetro de la capacidad de contrición y real voluntad de cambio del gremio empresarial. Y es que serán sus integrantes los que, voluntariamente, se adherirán a este esquema de transparencia que contará con el apoyo de la Contraloría. El compromiso debe ser unánime. El Ejecutivo y el Poder Judicial vienen haciendo lo suyo. El resto no podemos ser indiferentes.

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