Secretario con mando

Las presiones que ejerció el secretario presidencial, Bruno Pacheco, contra el superintendente de la Sunat, Luis Enrique Vera Castillo, son muy graves y lo es más todavía que el presidente hasta ahora no lo haya removido del cargo y que la Premier, para variar, se haga la desentendida, alegando que se trata de un puesto que responde a una prerrogativa del mandatario y que se deben esperar los resultados de las investigaciones.

Como advirtió a este diario el congresista Roberto Chiabra, pareciera que Castillo no se ha dado cuenta que puede terminar implicado en las maniobras de su secretario, ya sea porque él toma el nombre del presidente para ejercer sus presiones y una influencia indebida o, peor aún, por si lo hace cumpliendo las órdenes de su jefe.

Hagamos un poco de memoria y recordemos lo sucedido en los 90 con la Sunat y el famoso “RUC sensible” de Vladimiro Montesinos y cómo terminaron los involucrados, entre ellos el exjefe de la Sunat y luego ministro de economía de la dictadura, Jorge Baca Campodónico. Un caso para nada lejano del que se acaba de destapar.

Los chats difundidos no dejan lugar a dudas. Y como ha señalado la penalista Romy Chang, califican hasta para tres delitos: patrocinio ilegal, abuso de autoridad y tráfico de influencias en modalidad agravada. Pacheco debería estar a estas alturas en la mira de la Fiscalía, evaluándose incluso una detención preventiva.

Bruno Pacheco estuvo asimismo detrás del reciente escándalo de la manipulación de los ascensos en la Fuerzas Armadas, en los que, por no favorecer al paisanaje presidencial, que había salido mal parado en las calificaciones para ascender a generales de brigada, se maltrató a oficiales de impecable trayectoria en el Ejército.

El secretario es pues un reincidente y el símil con el siniestro asesor de la Fujimori le calza cada vez mejor. Es solo cuestión de tiempo que salgan a la luz otros enjuagues y trapicherías urdidas a la sombra de los pasillos de Palacio de Gobierno, pues el abuso de autoridad y los ilícitos son más que evidentes.

Si el Ejecutivo está empeñado en hacer oídos sordos a denuncias tan fundadas, le corresponde al Ministerio Público actuar de inmediato.