Varios 'drones' para el acuerdo

“Se excluye de los beneficios de la colaboración eficaz de Barata y compañía a personajes políticos que tienen mucho que decir: PPK, Villarán, Humala”.

Negociaciones. La Fiscalía llegó a un acuerdo con Odebrecht para que entreguen información. (Perú21)
Mariella Balbi
Mariella Balbi

Hasta que se filtró el acta del cuestionado acuerdo con Odebrecht del que conocíamos poco, pero suficiente para que fuera rechazado, escuchándose imputaciones graves de vender a la patria. La divulgación ha puesto de vuelta y media a los fiscales a cargo de este tema, buscando culpables entre quienes han acusado. Es ridículo, porque esas oficinas son un coto muy cerrado. Más bien se filtraron muchas declaraciones de colaboradores eficaces, perdiendo la justicia el equilibrio necesario. Karma le dicen: toda acción provoca una reacción o te devuelve en tu contra.

El acuerdo tiene más de 1,000 páginas. Pero basta el acta para afirmar que US$184 millones resulta poco dinero por indemnización al país. Odebrecht contrató por más de US$1,500 millones en el Perú, sin contar sobrecostos y tuvo 24 proyectos de gran envergadura. Solo cuatro están en el Acuerdo, el pago se hará en 15 años. El Estado sigue pagándole a Odebrecht y al incluir solo cuatro proyectos se excluye de los beneficios de la colaboración eficaz de Barata y compañía a personajes políticos que tienen mucho que decir: PPK, Villarán, Humala.

Por qué será que el gobierno (el procurador depende de Justicia) y dos fiscales se empeñan en firmar el acuerdo contra viento y marea. Pocos lo defienden. El Congreso anda craquelado, algunos dicen que el chantaje campea y señalan nombres, pero aun así prima el rechazo frente a un acta lesiva para el país.

El acuerdo conduce al caso Chinchero y este a la cercanía de un fiscal con el presidente, a quien investigó en Moquegua. El temita anda ‘lenteja’ en Fiscalía, pero causó la salida del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y, anteriormente, del ex contralor Edgar Alarcón. Tan vital resultó Chinchero para el gobierno que se grabaron dos reuniones con presiones inaceptables de ministros a Alarcón. Nada pasó. Hay que agregar que en el caso Chinchero –según declaraciones del fiscal Pedro Chávarry– hay un colaborador eficaz y el caso no avanza.

Nos enteramos por la prensa que el presidente mintió sobre su relación laboral con Odebrecht y omitió decir que fue apoderado de Graña y Montero en Ilo y accionista de su empresa C y M Vizcarra cuando fue presidente, vicepresidente y ministro de Transportes, firmando la adenda de Chinchero. Le valió una investigación. El fiscal Pablo Sánchez, fiel a su estilo, archivó provisionalmente, como lo hizo con el caso Madre Mía.

Nada es transparente en todo esto. No parece quitarle el sueño a la flamante fiscal de la Nación. Se repitió en redes –que a veces mienten y otras no– que es amiga de la pareja presidencial. El congresista Jorge del Castillo señaló que desde que Vizcarra llegó al poder, su empresa aumentó su personal de 16 a 128. Mucho que investigar, se requieren varios drones.

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