Donación y  contraprestación. (Foto: EFE)
Donación y contraprestación. (Foto: EFE)

Las revelaciones sobre aportes económicos realizados por la empresa Odebrecht para las campañas de candidatos al Congreso y a los gobiernos regionales entre 2010 y 2011 han vuelto a poner en el ojo de la tormenta la transparencia de los dineros y “donaciones”, de todo tipo, que reciben los partidos políticos.

Esto, en circunstancias en que un notorio encausado por lavado de activos, en el contexto del caso Lava Jato, pretende ahora acogerse a la ley de financiamiento de partidos políticos recientemente promulgada, a instancias del presidente Martín Vizcarra, en criollísima maniobra para lograr que las penas que deba afrontar fuesen más reducidas: el delito de financiamiento prohibido contempla sanciones de dos a ocho años de cárcel, mientras que con el lavado de activos le podrían propinar hasta 20 años de internamiento.

Está claro que Odebrecht no es la única empresa que ha hecho “donaciones” a partidos políticos y se dirá asimismo que, durante los años mencionados, la empresa brasileña no tenía pendientes con la justicia, pero lo cierto es que existía un modus operandi que, al menos en el caso de esta constructora, si no antes, hoy es un hecho comprobado: favor se paga con favor. Las posibles contraprestaciones de tales aportes son, pues, lo que ahora resta investigar. De hecho, esas 17 transferencias que registra la caja negra de su Oficina de Operaciones Estructuradas –la de los sobornos– para campañas congresales y regionales abren una nueva ruta que podría conducir a lobbies parlamentarios o a sendas obras de infraestructura de gobiernos regionales conocidos por no ser precisamente amistosos con la inversión privada.

Pero volvemos otra vez al pantanoso terreno de las finanzas de las organizaciones políticas, que en la era post Lava Jato, ya no pueden ser el hueco negro que siempre han sido. La nueva ley, aunque representa un paso adelante, todavía es insuficiente. Una regulación específica que obligue a los partidos políticos a hacer pública su economía debería tener ya la máxima prioridad.

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