Don Arturo en el Congreso

Por Milagros Campos, magíster en Ciencia Política

Arturo Salazar Larraín fue un periodista destacado. Fue también congresista. Ha partido y deja un legado, firmes convicciones y coherencia en su actuar. Quiero referirme a uno de sus proyectos que propuso requisitos para presentar iniciativas parlamentarias. Lúcido y vigente, cito sus palabras en 1995:

“Corresponde a la responsabilidad funcional del legislador plantear proposiciones que estén suficientemente sustentadas y revisadas. El derecho a la iniciativa legislativa no dispensa en modo alguno el análisis del tema sobre el cual se legisla. No se es más eficiente por la cantidad cuanto por la calidad de los proyectos que se presentan. El Congreso debe contribuir a crear un marco institucional adecuado a la sociedad peruana. Esto no implica multiplicar el número de leyes. El exceso de leyes implica un costo marginal para la sociedad debido a que los agentes económicos tratan de adecuarse a las mismas, alterándose en muchos casos sus componentes de tiempo, costo de información y factores de producción. Perjudica, a la inversión, en tanto no permite visualizar escenarios de largo plazo.

Es conveniente que, al margen de su orientación y valores, toda proposición sea analizada de manera sistemática, evitando así formas intuitivas de percepción. Es, asimismo, importante y necesario analizar el impacto que producen las iniciativas en el marco institucional del país y en los costos/beneficios que producirán necesariamente sobre nuestra sociedad. Un más exigente análisis de la relación entre el proyecto de ley presentado y la sociedad (economía y marco legal), así como la mejora de la calidad de los estudios que atañen al mismo, traerán un menor riesgo de fracaso, evitando así innecesarios costos sociales.

La experiencia de los últimos 15 años indica que la mayoría de leyes aprobadas en el Congreso ha sido de carácter procesal y acumulativo. En el período mencionado se aprobaron 2,509 leyes, una ley cada dos días, lo que implica cambios continuos de las “reglas de juego”, lo que hace compleja y a la postre, ineficiente la institucionalidad del país. Se produce un costo de transacción que la sociedad peruana debe pagar, por el lado del marco institucional. Depende del Congreso que dicho costo sea lo más bajo posible”.

Es innecesario agregar algo a las palabras de Don Arturo. El Congreso tiene en agenda la creación de una oficina de estudios económicos y ha instalado una comisión de ordenamiento legislativo. Lo que se requiere es una legislación eficaz que contribuya a generar seguridad jurídica y desarrollo.