La presidenta Dina Boluarte ha vuelto a declarar que apartará inmediatamente y sin dudarlo a cualquier funcionario denunciado o investigado por corrupción. Hasta ahí todo bien. Pero cuando le recuerdan que en su gabinete hay dos ministros con investigaciones abiertas por corrupción (Justicia y Cultura) no tarda un segundo en sacar debajo de su ancha manga el manido recurso de la presunción de inocencia.
Al menos fue eso lo que alegó cuando le preguntaron el último lunes sobre el caso del titular de Justicia, Eduardo Arana, quien registra innumerables llamadas a miembros de la red criminal de Los Cuellos Blancos, motivo por el cual la Fiscalía ya le abrió investigación. Eso, aparte de una denuncia por maltratar a su esposa y una sentencia firme por alimentos que arrastra desde 2010, que valió incluso para que se dictaminara un impedimento de salir del Perú.
Y el ministro –muy campante él– sigue saliendo en las fotos casi al lado de la presidenta. O sea que de apartar a los denunciados o investigados por corrupción, poco o nada de cierto: una frase que se la lleva el viento cada vez que emerge de su garganta.
Leslie Urteaga, por su parte, tiene un file abierto en la Fiscalía por presunto delito de colusión agravada de cuando ejerció funciones de directora general de Defensa del Patrimonio Cultural. Un informe de la Contraloría General de la República ha advertido que la funcionaria habría cometido graves irresponsabilidades funcionales y apañado posibles actos de corrupción.
Es realmente lamentable que la lucha contra la corrupción, que tan pomposamente se proclama desde el Gobierno, no comience, como se dice, por casa.
Sabemos que en las ollas del Congreso se cuecen toda clase de grillos y que la dieta de los otorongos no incluye ejemplares de su misma especie. Pero si la imagen pública del hemiciclo de la Plaza Bolívar anda por las patas de los caballos, el Ejecutivo no puede permitirse el lujo de perder o debilitar su liderazgo por su tolerancia con los corruptos, más allá de que estos actos hayan sido comprobados judicialmente o no.
Mucho menos en tiempos como los que actualmente se viven en el país, en los que una larga crisis económica hace asomar, cada tanto, el espectro del desgobierno.
