Campañas y preferencias electorales se aprietan y, sin duda alguna, esta será la tendencia durante las próximas semanas, hasta arribar al día del sufragio, cuando los peruanos elijan para los próximos cinco años.

Si bien la pandemia ha impuesto límites formales a las actividades proselitistas de ambas postulaciones –más aún con el país en pleno pico de la segunda ola de contagios–, las recomendaciones sanitarias parecen convertirse en letra muerta a la hora en que las posiciones encontradas hacen que las pasiones políticas se enciendan, sobre todo en calles y plazas.

En días recientes ha sido posible constatar la enorme cantidad de situaciones de riesgo sanitario que están produciendo con las aglomeraciones que se suscitan entre los partidarios de uno y otro candidato, incluso en zonas de alta vulnerabilidad y concentración de casos de COVID-19.

El entusiasmo y apuro de los candidatos por conseguir más votos los está llevando a protagonizar concurridos y masivos mítines donde no siempre se observan los cuidados prescritos por las autoridades de salud.

La verdad es que no solo las autoridades sanitarias deberían alarmarse, el Ministerio Público también debería tomar medidas o, en todo caso, mantenerse alertas para impedir la realización de determinados eventos si no ofrecen condiciones mínimas de bioseguridad, como ya ocurrió hace unos días con el candidato Castillo, quien se vio obligado a suspender un mitin en Áncash y ser trasladado a la Comisaría, por saltarse las normas básicas de salubridad.

Es importante difundir las propuestas políticas, pero esto se tiene que llevar a cabo salvaguardando la vida de los prosélitos, pues para eso están los protocolos, que, como bien adelantó la premier, no se estaban cumpliendo del todo.

Los candidatos deberían, en realidad, dar el ejemplo a la ciudadanía mostrando un escrupuloso respeto a los protocolos de salud. ¿Qué credibilidad tendrán, si no, cuando uno de ellos acceda al sillón de Pizarro y deba dirigir la lucha nacional contra la devastación de la pandemia?