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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Las denuncias interpuestas contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el ministro Martín Vizcarra han desatado todo tipo de opiniones respecto de la idoneidad de los procuradores designados por esta administración.

Falta de profesionalismo y de rigurosidad son algunos calificativos que ha merecido el trabajo de los defensores del Estado.

Sin perjuicio de lo que podamos opinar, lo cierto es que las dos denuncias, bien o mal sustentadas, ya han sido presentadas y no hay marcha atrás. Solo queda esperar si el Ministerio Público acoge los argumentos de los procuradores o no. Con ello despejaremos dudas respecto a si los encargados de la defensa del Estado son un grupo de sagaces letrados que no se amilanan ante el poder de turno o si son un atado de abogados que no están a la altura de las circunstancias.

Imaginémonos que los procuradores hicieron bien su trabajo y las denuncias siguen su curso. En este escenario, tendríamos al presidente y vicepresidente investigados por presuntos actos de corrupción; situación que podría desencadenar una grave crisis política y ya sabemos a quién se culpará por ello. Si las denuncias son rechazadas, entonces queda claro que hubo ligereza al momento de recomendar y tomar decisiones en el sector Justicia, lo cual terminó con la designación de bisoños profesionales en puestos que demandan alta especialización y vasta experiencia. A esto se le debe sumar que esta situación mermará la credibilidad de la procuraduría pública frente la ciudadanía, lo cual es un alto costo que se tendrá que pagar por errores que se pudieron evitar. Preguntémosle a los parlamentarios ppkausas Aráoz y Sheput ¿quién es el responsable de este desmadre?

Cualquiera que sea el escenario final, el resultado debería ser el mismo: "renuncias" en el Ejecutivo.