La jueza María Álvarez Camacho comenzó a escuchar ayer los alegatos de las tres partes involucradas en el pedido de devolución de los 524 millones de soles realizado por Odebrecht, es decir, el procurador ad hoc Jorge Ramírez, el fiscal José Domingo Pérez y los abogados de la empresa, Ricardo Weyl y Marco Bustinza. Todos coinciden en que, al haberse cumplido la totalidad de cláusulas del acuerdo, el dinero debe ser entregado.
La decisión de la magistrada tendrá pues un peso gravitatorio en el desarrollo de las investigaciones de lo que la historia del Perú recordará seguramente como el proceso de corrupción más importante de esta mitad del siglo XXI, pues, de no acceder al pedido de devolución, estipulado específicamente en el acuerdo de colaboración eficaz firmado con el Estado peruano, la constructora brasileña podría negarse a seguir autorizando a sus funcionarios y exfuncionarios a declarar ante los fiscales del equipo especial Lava Jato, cuando estamos a la espera de una nueva e importante ronda de interrogatorios a Jorge Barata y otros directivos de la empresa, que se llevará a cabo en noviembre.
Y lo que viene a continuación es nada menos que el desciframiento de una serie de codinomes que quedaron pendientes, razón por la que tanto opinólogos como jurisletrados desafectos al tema se han mostrado inquietos en estos días, oponiéndose tajantemente al pago bajo argumentos deleznables. Incluso el presidente Martín Vizcarra se ha permitido opinar al respecto, contra la devolución a la constructora, en una jugada para la tribuna que solo puede ser registrada como un autogol no exento de sospecha.
No conviene olvidar que el cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht facilitará, asimismo, que los exfuncionarios que han dado su testimonio en Brasil se presenten como testigos ante la justicia peruana cuando los juicios se realicen. Lejos de debilitar compromisos adquiridos por el país, es momento, más bien, de honrarlos, porque en este caso de corrupción se juegan también el futuro y la credibilidad de la democracia peruana.