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Detrás de la carreta

Tía María

El Ejecutivo busca lograr el consenso para hacer viable el proyecto Tía María en la provincia de Islay. (Foto: GEC)

Juan José García
Juan José García

El lunes se inició un paro indefinido en Islay para que se anule la licencia de construcción que días antes se le otorgó a Southern para desarrollar el proyecto minero Tía María. El promotor de esto fue el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, secundado por Arana y compañía, quienes, a punta de medias verdades, azuzaron a la población y pusieron en riesgo una gran oportunidad para el país.

En este nefasto contexto, es importante entender qué es lo que está en juego, si es que Tía María “no va”, para lo cual resulta vital revisar los beneficios económicos y sociales que la minería le dejó hasta el momento a la Ciudad Blanca.

En los últimos 20 años, se dieron dos hitos mineros importantes en Arequipa por las operaciones de Cerro Verde: (i) la puesta en marcha de la planta de procesamientos de sulfuros en 2007 y (ii) la ampliación de la mina en 2016.

Esto supuso un flujo de inversión de S/10,000 millones, de los cuales el 61% se concentraron en los últimos cinco años (ACP). Así, el peso de la minería en el PBI arequipeño aumentó del 7% en 2006 al 38% en 2017. Este auge minero permitió que entre 2006 y 2018 (i) la cantidad de pobres en Arequipa se redujera del 24% al 9% y (ii) que el ingreso promedio mensual de los arequipeños se incremente de US$209 a US$470.

Si bien la evolución en estos indicadores sociales no se debe exclusivamente a la minería, existe una fuerte correlación que permite afirmar que la contribución fue sustancial e indiscutible.

Por último, concuerdo con Juan Carlos Tafur con que la posición que está tomando el ala menos sesuda de la izquierda, la de rechazar a ojos cerrados todo proyecto minero, equivale a colocarse detrás de la carreta del desarrollo nacional.

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