Desde la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, hasta constitucionalistas respetados como el expresidente del TC, Víctor García Toma, han rechazado el planteamiento de la presidenta Dina Boluarte de establecer la pena de muerte para los violadores de menores.
Es cada vez más evidente que la mandataria recurrió a su consabida facilidad para anunciar medidas improvisadas y sin ningún sustento técnico o, en este caso, jurídico. Un nuevo efectismo para impactar en los medios e intentar apaciguar los ánimos, ya bastante caldeados, de los peruanos que viven agobiados por la violencia que se vive en las calles.
Un anuncio totalmente incongruente con la promulgación exprés –sin observaciones ni demora alguna, como si el tema hubiera sido acordado de antemano– de las leyes que acaba de aprobar el Congreso que, entre otras cosas, impiden capturar preliminarmente a investigados si no son atrapados en flagrancia. Es decir, solo podrán ser detenidos si son sorprendidos con las manos en la masa.
A saber: por un lado, la presidenta pide pena de muerte para los violadores, pero, por otro, ha firmado hace dos días una norma que establece que no se puede detener a un delincuente —incluyendo a un violador— si este no es capturado en flagrancia, es decir, en pleno acto delictivo. Casi un chiste de pésimo gusto.
Y además de esa total incoherencia, producto solo de la improvisación y la orfandad de ideas en Palacio, quedó al descubierto también un grosero intento de girar el foco de atención valiéndose de un caso repulsivo y condenable para distraer a la opinión pública de los problemas del país y sobre los cuales ni dice ni hace nada. Y que por cierto sería también un retroceso para el país en materia de derechos humanos.
El coro de ministros que la secundan y hasta anuncian consultas ciudadanas para aprovecharse, de manera oportunista, de la indignación que despierta la violencia que abunda, no le ha quedado muy a la zaga. Señal del escaso cacumen del que goza su gabinete, en el que parecen seguir compitiendo por quitarle el título del ministro más adulón que hasta ahora ostenta, por supuesto, el incompetente mandamás del Ministerio del Interior.