¿Después del paquete... qué?

Juan José Garrido,La opinión del directorEsta semana el Congreso debatió y aprobó, con leves modificaciones, el llamado 'paquete Castilla', o mal llamado "paquete reactivador". Como sabemos, desde el MEF se programó una serie de leyes dirigidas a reactivar la actividad económica, habida cuenta de la evidente desaceleración por la que transitamos.

El conjunto de normas, que abarcan desde modificaciones tributarias y ambientales hasta medidas que persiguen mejorar las adquisiciones del Estado y reducir las trabas burocráticas, se ha presentado por partes y se espera la complementariedad del mismo con medidas en el ámbito laboral.

Dicho esto, el aludido paquete no ha generado la algarabía ni de analistas ni de empresarios. Y es que, valgan verdades, ni es una seria propuesta para atraer mayores inversiones ni es un conjunto de medidas que disipen los miedos ya instaurados. En la parte tributaria, por ejemplo, se aprueban iniciativas que, si se leen las medidas complementarias o las causas para su desecho, la mayoría de ellas incumple los fines propuestos. La reducción del 100% al 60% del monto de carta fianza para solicitar una medida cautelar es un engañamuchachos: a fin de cuentas, 100% o 60% o 30% vulnera de igual manera el derecho a la defensa y el acceso gratuito a la justicia.

El paquete, si se puede llamar así, no es otra cosa que un albur del márketing tecnocrático del MEF. Si nuestra dirección gubernamental en lo económico busca reactivar la actividad productiva en base a un conjunto de pequeñas modificaciones que atañen a puntuales casos corporativos, pues no vamos a llegar muy lejos. Y tiempo no tenemos; no, al menos, si queremos continuar la senda de crecimiento con inclusión que se propuso este gobierno (y que hoy es inclusión sin importar el crecimiento).

Vayamos de mayor a menor en lo temático: ¿cuáles son las causas principales de la desaceleración? Para la mayoría de los especialistas consultados, es una mezcla de factores históricos (una burocracia creciente) con inadecuadas medidas implementadas en este gobierno (mayor regulación y asfixia estatista), sumado a ciertos vientos en contra del frente externo (precios de algunos minerales como el cobre y caída en la demanda de otros bienes y servicios). La asfixia estatista y la mayor regulación gubernamental no cambiará súbitamente por este paquete. Eso es lo que han expresado distintos empresarios consultados, y son ellos los que, a fin de cuentas, conocen mejor que nadie sus márgenes e incentivos.

Que el paquete facilita algunos tramos de la engorrosa tramitología local puede ser. Que reduciría los incentivos perversos creados en organismos reguladores y fiscalizadores, en parte. Nada de ello, sin embargo, regresará ese entusiasmo y optimismo con el cual navegaba la economía peruana hasta hace dos años. De nuevo, y es que es necesario recordarlo, hemos pasado de un crecimiento promedio por encima del 7% a una banda entre 3.5% y 4.5% (la mayoría de agencias y analistas ya pronostican de 5% para abajo). Por todo ello, creemos que el gobierno y el MEF hacen mal en apurar y vender medidas limitadas cuando por el mismo esfuerzo se pudieron presentar y negociar reformas reales, de fondo y que tuerzan los espíritus empresariales, de los grandes y los chicos.

Por ejemplo, en lo tributario. El promedio de los impuestos corporativos (al nivel más alto) en la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la cual agrupa a los 34 países más desarrollados es 25%, desde el casi 40% en Estados Unidos hasta el casi 10% en Irlanda. En Perú es poco más de 34% (30% más 4.1% por distribución de utilidades). ¿Recibimos acaso bienes y servicios públicos belgas o franceses? Por cierto que no.

En lo laboral es peor. Tenemos una de las legislaciones más obsoletas y onerosas del mundo. La evidencia en contra de dichas políticas es abundante; para lamento de muchos, es muy popular y políticamente correcta. De ahí que ningún gobierno desee meter la mano.

Luego está la demora y los costos que generan la absurda megalomanía estatista que trata de regularlo todo. Peor aún, sin instituciones que brinden confianza en la revisión de aquella barbaridad. El sector educativo, por ejemplo, ha recibido un tsunami de regulaciones que nos postrará, muy pronto, en una situación irreversible.

Y al final, como siempre, quedan las instituciones. De eso, por supuesto, nada. Pero nada de nada. Como si no existieran.

Este gobierno tuvo la posibilidad, inmensa, de sentar las bases de un nuevo contrato social. El crecimiento con inclusión llegó, en algún momento, a tener sentido y consenso. Hoy, ni uno ni lo otro. Pero aún hay tiempo, y esperanzas, porque eso nunca se pierde.