“Los afectados directos son los trabajadores pertenecientes al extinto régimen agrario, ya que recibirán menos ingresos en el inmediato”. (Foto: EFE)
“Los afectados directos son los trabajadores pertenecientes al extinto régimen agrario, ya que recibirán menos ingresos en el inmediato”. (Foto: EFE)

El sesgo antitécnico del proceso de creación de la nueva ley agraria pone en riesgo la competitividad de un sector que logró crear más de 800,000 empleos formales, en un país en el que apenas tres de 10 trabajadores gozan de un puesto de trabajo con los beneficios de ley. Lamentablemente, este embrollo regulatorio está generando al menos tres efectos negativos.

En primer lugar, los afectados directos son los trabajadores pertenecientes al extinto régimen agrario, ya que recibirán menos ingresos en el inmediato. Por ejemplo, considerando una remuneración con base en 25 días trabajados y neto de descuentos, en el esquema anterior se hubiera percibido S/1,457, pero ahora en el régimen general se tendrá que percibir S/1,053, y todo esto en plenas fiestas navideñas.

En segundo lugar, se estima que la propuesta del Congreso afectará a las empresas del sector por el encarecimiento de los costos de producción. Por ejemplo, dicho cambio regulatorio implicaría que, de las 13,600 hectáreas destinadas al cultivo de arándanos, el 37% entraría en una situación de inviabilidad financiera, lo que pondría en riesgo 85,000 empleos (ProArandanos).

Por último, mientras ignoran olímpicamente los argumentos técnicos, la incapacidad del gobierno morado para detener el bloqueo de la Panamericana Norte y Sur afecta a los ciudadanos que necesitan transportarse y a las empresas de transporte interprovincial, las cuales están perdiendo S/35 millones diarios.

Sin duda, la solución debe priorizar mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sin quitarle competitividad al sector agrario, lo que se puede hacer mediante un bono de competitividad.