Desidia fiscal

“Solo depende de esta institución que un tipo con estos antecedentes no salga de nuevo a las calles para seguir cometiendo graves delitos”.

Peter Ferrari

(USI)

Desidia fiscal. (GEC)

Editorial Perú21
Editorial Perú21

Confinado en el penal de Cochamarca, Pasco, como principal encausado de un millonario caso de lavado de activos, Pedro Pérez Miranda, más conocido como ‘Peter Ferrari’, debe estar soñando ya con alguna playa caribeña donde pasar el verano que viene.

Y acaso no le falta razón, pues según una resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado, en diciembre próximo este personaje, que sería el cabecilla de una vasta organización criminal dedicada al tráfico de oro proveniente de la minería ilegal, podría recobrar su libertad por vencimiento de prisión preventiva.

El mérito de esta insólita y peligrosa excarcelación se puede atribuir, en partes iguales, a la astucia de sus abogados, quienes trazaron una estrategia de defensa basada en una sucesión de maniobras dilatorias, así como a los pies de plomo con que la Fiscalía ha llevado una investigación importantísima que, sin embargo, desde la detención de Ferrari –enero de 2017– y la intervención de sus múltiples propiedades, continúa sin que haya presentado una acusación formal.

No era difícil colegir que alrededor del proceso iban a estar circulando amenazas e intimidaciones, casi tanto como sobornos y leguleyadas: hablamos de una organización que, solo entre 2012 y 2013, movió hacia los Estados Unidos, según cálculos de los especialistas, más de 13 toneladas de oro ilícito, que en buena cuenta significan 630 millones de dólares. Eso sin hablar de los crímenes no tan secundarios que son parte del negocio: asesinatos, extorsión, trata de personas, etc. Lo sorprendente, una vez arrestado el principal sospechoso, es que no se tomaran medidas ante las eventualidades que vendrían con una investigación de tal envergadura, para que se realizara en condiciones de seguridad y con los apoyos imprescindibles para llegar a buen puerto, es decir, una condena en firme pronta y expeditiva.

Ahora todo está en manos de la Fiscalía. Solo depende de esta institución que un tipo con estos antecedentes no salga de nuevo a las calles para seguir cometiendo graves delitos.

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