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El modelo de descentralización que hemos tenido hasta el momento es visto como fallido, reproduce una estructuración del territorio sobre la base de una distribución política que no obedece a criterios espaciales de desarrollo económico y social. La falla no es solo del sistema político actual, sino también de los desincentivos económicos que nuestra legislación actual presenta.

No existe base para que un presidente regional lleve a cabo algún esfuerzo de mejora fiscal, más que la que le imponen las transferencias centrales, tampoco de planificación de inversiones y menos de atracción de inversiones productivas a su región. No existe política regional de desarrollo de clusters productivos y los incentivos todavía siguen altamente centralizados. Es hora de trabajar en una política nacional para el desarrollo de regiones integradas y productivas, con mayor gobernabilidad.