El presidente Martín Vizcarra supervisó el hospital de Huarmey, en Áncash, con los ministros de Salud y Vivienda. (Foto: Twitter)
El presidente Martín Vizcarra supervisó el hospital de Huarmey, en Áncash, con los ministros de Salud y Vivienda. (Foto: Twitter)

Lo que vive el Perú es insólito: un golpe al estilo del 5 de abril de 1992. El de Fujimori fue una guillotina, como “el hacha cortante de la muerte”, según el vals. El de Martín Vizcarra se basa en la amenaza de pedir cuestión de confianza al Congreso. En cristiano, cerrarlo. El mandatario no ha actuado como presidente, no ha pensado en todos los peruanos, especialmente en los más pobres.

Su destemplado anuncio ha traído inestabilidad económica y afectará el crecimiento. Nadie en su sano juicio invertiría un mango en un país donde en cualquier momento se cierra el Congreso o se predispone a la gente para tumbarse esta institución fundamental para una democracia medianamente decente.

Al igual que Fujimori, Vizcarra arremete contra el Congreso apoyándose en las encuestas. Las del ‘Chino’ indicaron que el 86% aprobaba ‘disolver’ el Parlamento. Hoy también, el guarismo es alto, haciéndole creer al presidente que ‘encarna’ –cual Mesías– a la población.

La ‘zafacueca’ que vive el país se gestó aproximadamente en junio. Algo hizo cambiar a Vizcarra. Según un aspirante a colaborador eficaz del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez entregó los audios en cuestión a una ONG que los difundió a su criterio. Si al actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, lo deslegitiman por el bruto decir de un colaborador, por qué dudar del dicho de otro sobre Sánchez.

Evidentemente, los audios destaparon corrupción. Pero aun con la prisión preventiva de los implicados, la cutra y la inmoralidad no han desaparecido en el Callao, menos en el Perú. Aunque dieron pie a que Vizcarra llamara a un referéndum con cuatro proyectos de ley (reforma del CNM, bicameralidad, no reelección de congresistas y ley de financiamiento de partidos) que son, a decir de la mayoría de juristas, un adefesio o un mamarracho.

Con la bicameralidad –rechazada siempre por los peruanos– no combatimos ni un ápice de la corrupción. La gente de a pie está desorientada y ciertamente embaucada. El presidente ha entrado en un absurdo frenesí, exigiendo al Congreso que apruebe todos los proyectos el 4 de octubre. La mayoría fujimorista planteó terminar el 9 de octubre.

Con cabeza fría podemos concluir que no valió la pena tanto bochinche, ni tanta acometida contra el Congreso. Menos el feroz embate contra Chávarry, quien parece ser la nuez de este maloliente asunto. Extraña también que el procurador anticorrupción Amado Enco, defensor del Estado, haya visitado a Vizcarra en Palacio en mayo y julio. ¿Y Cavassa?

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