El equipo especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, representado por el fiscal José Domingo Pérez y el fiscal superior Rafael Vela, suscribió el acuerdo con Odebrecht. (Foto: GEC)
El equipo especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, representado por el fiscal José Domingo Pérez y el fiscal superior Rafael Vela, suscribió el acuerdo con Odebrecht. (Foto: GEC)

Se repite que el presidente tiene alta popularidad. Pero cuando se trata del ominoso acuerdo firmado con la empresa Odebrecht, la opinión ciudadana vale un rábano. Según Datum, el 67% de peruanos considera injusta la reparación civil que pagará Odebrecht al Estado peruano por sus pillerías. Ridículos US$184 millones. Probablemente, si conociéramos más detalles, el guarismo de rechazo subiría.

Dos fiscales y un procurador, dependiente del gobierno, fraguaron este vergonzoso acuerdo. Los fiscales también se beneficiaron con el respaldo obtenido en las encuestas. Los convirtieron en una suerte de héroes nacionales. Pese a que tuvieron declaraciones netamente políticas, pasaron piola, precisamente por ese ‘apoyo’.

Las críticas al acuerdo son válidas. El pago en 15 años, la selección de solo cuatro proyectos, excluyéndose los vendibles. No sabemos si Odebrecht pagará o no. La cancelación saldrá de las utilidades que obtenga la empresa. Puede declararse en quiebra y nos quedamos hechos. Se pudo embargar los bienes de Odebrecht y resarcir al Estado adecuadamente.

Proyectos como el Gasoducto tienen una cláusula anticorrupción. De demostrarse las groseras irregularidades que permitieron que costara más de US$7,000 millones y la clara injerencia política (la comisión Lava Jato avanzó en ello), el proyecto no podría venderse. Y se hubiera impedido que Odebrecht nos llevara ante tribunales internacionales, exigiendo US$2000 millones de compensación.

El trío negociador ha repetido las preguntas a los brasileños no se limitarán a los cuatro proyectos consignados en el acuerdo. Afirman que pueden hacerse otras. Eso sí, Odebrecht será testigo nomás. La empresa logró lo que quería, nada la obliga a colaborar, ¿para qué se metería en problemas?

Los fiscales tenían elementos que pudieron profundizar en lugar de politizar las investigaciones, como ha ocurrido con Keiko Fujimori y Alan García. Hoy sabemos que el partido del presidente recibió dinero irregular en la campaña electoral. Aplicando la lógica para Keiko Fujimori; Kuczynski, Vizcarra y Aráoz deberían estar con prisión preventiva.

Nos garantizaron que tendremos libre acceso a los servidores de la oscura Caja 2. Lo desmintió el fiscal de Brasil, Orlando Martello: “Es difícil que Perú acceda a softwares que usó Odebrecht para pagos ilícitos”, agregando que hasta para las autoridades brasileñas “es complicado procesar en el sistema”.

Los recientes interrogatorios no traen revelaciones. El abogado de G&M dijo que el brasileño De Castro aseguró “que no hubo ninguna irregularidad en la Interoceánica”. El de Humala afirmó “no hubo envío desde la Caja 2”, contradiciendo a Barata. El Poder Judicial puede objetar el acuerdo. Cuatro jueces, uno por proyecto, lo revisarán. Ojalá lo hagan.

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