Derechos al prejuicio

El rechazo del Tribunal Constitucional a la demanda de amparo interpuesta por el economista Óscar Ugarteche Galarza contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que denegó la inscripción de su matrimonio –realizado en el extranjero, con el ciudadano mexicano Fidel Aroche Reyes–, celebrada en 2010, ha sido un duro golpe para la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales) en el Perú.

La decisión, tomada por mayoría en el pleno del TC, demuestra que a menudo el prejuicio empaña el juicio hasta de los profesionales más experimentados. Porque no de otra manera se puede entender que a los fallos pulcramente acertados y lúcidos que este conjunto de jurisconsultos –bajo el liderazgo de Marianella Ledesma– ha emitido, le suceda uno que devuelve al país a la edad de piedra en lo que a derechos civiles y humanos se refiere.

Amparados en tecnicismos fatuos y conceptos más bien blandengues, todo indica que los magistrados que votaron en contra de la demanda –Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón– hicieron prevalecer consideraciones religiosas y vetustos apotegmas legalistas sobre razonamientos que la moderna jurisprudencia constitucional ha sancionado ya con largueza y solidez en países con democracias y sistemas legales igual o más desarrollados que el nuestro.

Hablamos pues de un fallo groseramente discriminatorio que confisca los derechos legales de las uniones del mismo sexo, es decir, de aquellas parejas que no sean integradas por un hombre y una mujer, tal y como reclaman actualmente una serie de cultos religiosos fundamentalistas, algunos de cuyos exponentes tuvieron intenso protagonismo en el anterior Congreso, con su irracional e infundada campaña contra el llamado enfoque de género en la educación.

Lejos de rendirse, la lucha legal de esta pareja de peruanos, a los que fallos como este pretenden privar de sus legítimos derechos, se trasladará ahora al ámbito supranacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a no dudarlo le dará un rotundo mentís a un tema que la justicia peruana parece no estar preparada para entender.