Alan García solicitó asilo ante la embajada de Uruguay en Perú. (Foto: El Comercio)
Alan García solicitó asilo ante la embajada de Uruguay en Perú. (Foto: El Comercio)

En 2004, nuestro sistema de justicia puso en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal, una herramienta que, perfeccionada posteriormente, puso en marcha el Estado peruano para defenderse y castigar –entre otros– a aquellos malos funcionarios que intenten enriquecerse con el erario nacional como, lamentablemente, sucedió en el pasado, muchas veces, con total impunidad.

Más de diez años después estamos experimentando su eficacia, y es que el caso Lava Jato ha motivado a que jueces y fiscales recurran al Nuevo Código para cautelar el debido proceso de las investigaciones que han llevado a políticos y empresarios a enfrentar investigaciones de corrupción. Uno de los cuestionados es el ex presidente Alan García. El último sábado, un juzgado anticorrupción le ordenó que no saliera del país los próximos 18 meses, pero luego de afirmar que para él no era un “deshonor” quedarse en su país por ese tiempo, el ex gobernante aprista pidió asilo en la embajada de Uruguay.

García tiene en este momento la misma condición –impedimento de salida del país– que el ex presidente Kuczynski y la ex alcaldesa Susana Villarán. Pero él acusa que existe persecución política en su contra y que el Gobierno “ha politizado la justicia”. El ex jefe de Estado no dijo lo mismo cuando a sus opositores políticos les tocó enfrentar prisión preventiva: Ollanta Humala y Nadine Heredia estuvieron ocho meses recluidos porque ni la Fiscalía ni los juzgados anticorrupción confiaban en que no intentarían dejar el país.

El dirigente aprista Mauricio Mulder ha dicho que la Fiscalía “se ha convertido en un arma letal del Gobierno”, como si el presidente Vizcarra no tuviera evidentes discrepancias con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Cuando la Fiscalía le pisa los talones, toda tesis fiscal está trastocada y obedece a los mandatos del Ejecutivo. En lugar de enfrentar lo que lo implica con actos de corrupción, García busca protección en otro país, involucra al Estado peruano en un escándalo y ordena a su partido montar un escenario falaz de persecución y abuso.

Los fiscales y los jueces anticorrupción han actuado con base en pruebas e indicios suficientes para investigar a los gobiernos y a las empresas que se vincularon a Odebrecht. Los documentos que sirven para las pesquisas fueron entregados por funcionarios de la constructora Odebrecht en Brasil. En la carta que envía García al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, el ex presidente asegura que existe un “uso exagerado y político de los procedimientos” penales en su contra. No obstante, lo que está demostrado es que la justicia en el Perú se está administrando sin distinciones.

El caso Lava Jato ha puesto contra las cuerdas a muchos poderosos. Que Alan García utilice su condición de ex presidente para evadir a la justicia, sin importarle el daño que eso le causa a nuestro país, no solo es artero; es, sobre todo, abusivo y mendaz.