El Congreso tiene muchos audios y motivos para acelerar el proceso de sanción contra el juez César Hinostroza y los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Desde el 7 de julio, fecha en la que IDL-Reporteros empezó la difusión de las comprometedoras grabaciones que destapan un presunto tráfico de influencias al más alto nivel judicial, no se ha hecho lo suficiente para sancionar debidamente a los responsables.
Si bien el Parlamento aprobó remover a los siete consejeros al estar en cuestión su accionar (al menos de cuatro de ellos), lo hizo por presión del Ejecutivo. El presidente Martín Vizcarra tomó una firme decisión e insistió en que la única manera de demostrar un cambio era, en primer lugar, retirar a los funcionarios contaminados. No había de otra, pero a los legisladores –sobre todo los de la mayoría fujimorista– no les parecía tan grave la situación como para hacer algo por cuenta propia.
A Fuerza Popular tampoco le pareció preocupante que el entonces consejero Baltazar Morales confirmara que el fujimorista Héctor Becerril intentó presionarlo para votar por Julio Gutiérrez para presidente del CNM. La legisladora del Nuevo Perú Indira Huilca tuvo que denunciar a Becerril para que el caso recién sea visto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿La bancada naranja es selectiva para indagar? Parece que sí.
Ayer, la Junta de Portavoces acordó que la Comisión Permanente sesione mañana para atender la denuncia presentada por el también cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, contra el juez supremo César Hinostroza y otros ex consejeros. La Permanente deberá decidir si esa acusación se unirá a la investigación que tiene a su cargo el congresista Oracio Pacori (NP). Parlamentarios como Úrsula Letona (FP) y Edmundo del Águila (AP) dicen que se debe respetar el debido proceso, pero eso no significa ser lentos.
Hace poco, al Legislativo le tomó poco más de un mes remover al ex contralor Edgar Alarcón. Con decisión política, como es evidente, el Parlamento logra sus cometidos. ¿Permitirán que el magistrado Hinostroza siga gozando de su inmunidad, demorando la investigación fiscal? El país ya está lo suficientemente indignado con los audios como para soportar que una indagación se dilate por indiferencia e intereses políticos.