Existen hasta dos denuncias constitucionales presentadas contra el golpista Pedro Castillo que la señora presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, sigue sin poner en agenda para su calificación.
La parlamentaria, de las filas de APP, ha preferido dar trámite a otras que llegaron después, pero a aquellas que plantean la inhabilitación del expresidente para ejercer cargos públicos –por 10 años, en su caso– las mantiene durmiendo en el fondo de alguna gaveta. Y no se trata de un tema menor, considerando el caos de candidaturas que se han puesto en juego para las próximas presidenciales.
Alejandro Muñante, uno de los denunciantes, señaló a Perú21 que era “más que evidente” que se está protegiendo al hoy inquilino del penal de Barbadillo desde el Legislativo. En un oficio de hace pocos días, donde le reitera a Acuña que ponga en movimiento el trámite, el legislador le hace notar, incluso, que denuncias presentadas en fechas posteriores a la suya —ingresada el 21 de enero pasado— ya fueron agendadas.
La acusación incluye asimismo a la expremier Betssy Chávez y a los exministros del Interior, Willy Huerta; de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; y de Defensa, Gustavo Bobbio; y se le recuerda a Acuña que Castillo infringió 29 artículos de la Constitución al intentar dar un golpe de Estado.
El meollo del asunto es que, si bien tras esa fallida maniobra Castillo fue vacado de inmediato por el Parlamento, no se activó, sin embargo, el proceso para su juicio político, por lo que, en la práctica, él continúa habilitado para postular en las elecciones generales de 2026.
De ahí la insistencia en que se debata el tema en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuanto antes: los denunciantes han alertado que la demora podría conducir a su caducidad. ¿Es eso lo buscan en APP? ¿O están evaluando un cierto tipo de alianza electoral con las huestes del golpista?
Porque podría ser, ciertamente, una simple dejadez de la señora Acuña, pero también que esté respondiendo a una indicación expresa de su jefe y hermano, César Acuña. El derrotero político de APP no es que se pueda describir como recto y transparente.
El Congreso de la República, en sus distintas bancadas, no debe permitir que, aprovechando el poder presidencial, un aspirante a autócrata –por muy fracasada que haya sido su aventura– pueda volver a postular a algún cargo de elección popular.
