“Los Estados de la región han fracasado en proveer los servicios más esenciales por los que pagamos impuestos, como educación o salud, creando el clima perfecto para que políticos mesiánicos pregonen que una nueva Constitución es la panacea”.
“Los Estados de la región han fracasado en proveer los servicios más esenciales por los que pagamos impuestos, como educación o salud, creando el clima perfecto para que políticos mesiánicos pregonen que una nueva Constitución es la panacea”.

La aprobación del cambio constitucional en Chile hace eco en el Perú y algunos personajes populistas y demagógicos aprovechan la coyuntura para tratar de impulsar la visión “refundacional” del país en las siguientes elecciones, como si una nueva Carta Magna fuera a mejorar mágicamente la realidad de los peruanos.

Por ejemplo, la precandidata Verónika Mendoza celebró el resultado del plebiscito chileno y no tardó en decir que nosotros también necesitamos un nuevo pacto social. El detalle es que Mendoza ya ha demostrado un profundo desconocimiento de lo que dice la actual Constitución y lo que sucede en realidad en el país.

Esto se evidenció en una entrevista que le hizo Rosa María Palacios (23.03.18), en la que Mendoza juraba que en la Constitución de 1993 “no necesariamente se garantiza” el acceso a la educación, ignorando que en el artículo 17 se señala explícitamente que “el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente”.

Además, si Mendoza se hubiera ensuciado un poco las manos con datos, podría haber notado que entre 2011 y 2017 el Estado presupuestó S/29,627 millones para construir colegios, pero solo gastó S/19,942 millones, equivalente al 67% (MEF), y que eso tiene mucho más que ver con la falta de acceso a la educación de niños peruanos de escasos recursos, en lugar de lo que está escrito en una ley.

El gran problema es que los Estados de la región han fracasado en proveer los servicios más esenciales por los que pagamos impuestos, como educación o salud, creando el clima perfecto para que políticos mesiánicos pregonen que una nueva Constitución es la panacea, cuando el problema de fondo es la pésima gestión estatal.

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