(César Campos/Perú21)
(César Campos/Perú21)

La semana estuvo marcada por las revelaciones en torno al caso de la niña Jimena en San Juan de Lurigancho. Era imposible no conmoverse con lo sucedido a manos del autoinculpado César Alva Mendoza. Cuando estamos en una redacción enfrentando estas noticias a ritmo acelerado, muchas veces los periodistas, no ajenos a la conmoción, olvidamos analizar sobre qué y quién estamos informando, la dignidad de la víctima y si acaso estamos alimentando el morbo de una audiencia en pos de detalles escabrosos.

Respecto a Perú21, lectores me expresaron molestia y rechazo por una nota en particular. El miércoles 7, mostrando en primer plano el rostro del criminal, fue destacada en portada web con el titular “Violó, mató y durmió con cadáver de niña”. El hecho objetivo es que Alva había declarado a la Policía que ocultó el cuerpo bajo la cama, y pasó la noche ahí. En la cuenta del diario en Facebook, algunos seguidores pedían no exhibir detalles que consideraban dañinos o meramente morbosos. En la versión impresa del diario, el tratamiento informativo fue otro. En ambas plataformas se ha tratado con cuidado el uso de imágenes de la víctima.

A lo largo de esta historia, la mayoría de medios mostró varias fotografías y videos de la menor, así como detalles personales. En medio de esta cobertura, el Colegio de Periodistas de Lima emitió un comunicado en el cual señala que en programas de TV hubo un manejo antiético de la noticia y se arrasó con normas legales so pretexto de la libertad de prensa y de expresión.

En mi opinión, es un caso complejo pues reunió desaparición, delito de violación sexual y homicidio. La imagen de un niño desaparecido sí se difunde por el fin que se persigue: hallarlo; la de un niño víctima de violación no. Qué hacemos si los padres aparecen con carteles y polos con su retrato y nombre. Consulté con Matilde Cobeña, defensora adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, y ella resume la situación como una sobreexposición que respondió a una situación límite y desbordada. Enfatiza que “la difusión de detalles innecesarios y el morbo no ayudan a resolver el problema. La prensa debe mostrar el problema principal: la violencia contra los niños en el país y la falta de respuesta del Estado, comenzando por el incumplimiento de funciones”.

Otro punto que quiero mencionar es sobre las notas referidas a los pedidos de pena de muerte para violadores de menores. En cada nota que se trata sobre esto, sobre todo cuando la piden para Alva, debería aclararse que, así fuera aprobada (lo que es muy difícil e implica un largo proceso jurídico), no le sería aplicable. La ley penal no es retroactiva. Esto es, no se puede aplicar a hechos anteriores a su entrada en vigencia.

Desde los medios contribuyamos al debate con versiones equilibradas y sustentadas; y no bajemos la guardia informativa ante la desidia y torpeza de las autoridades.