Desde hace años un grupo de políticos, generalmente de izquierda, insisten en cambiar la Constitución de 1993, pero no dan fundamentos para hacerlo. Uno cambia las cosas cuando no funcionan o se han descompuesto. La Constitución actual, pese a su polémico origen, ha permitido la continuidad democrática en nuestro país, un bien escaso en nuestra historia. El capítulo económico en vigencia nos ha traído grandes beneficios y ha permitido que el Perú sea una de las economías con mayor crecimiento en la región. Como dicen los gringos, ¿para qué tratar de arreglar algo si funciona bien?

Dicho capítulo contiene elementos muy importantes que nos protegen como sociedad: prohibición de que el Banco Central financie al gobierno, lo que garantiza estabilidad monetaria, libre iniciativa privada en un marco de economía social de mercado, límites a la actividad empresarial del Estado para evitar las pérdidas que las empresas públicas nos generaron en el pasado, prohibición de monopolios legales, libertad y protección contractual, igualdad al trato a la inversión nacional y extranjera, libre tenencia de moneda extranjera, protección al consumidor, entre otras.

No perdamos tiempo en cambiar algo que funciona bien y arreglemos los problemas que impiden generar más inversión y empleo formal. ¿El bienestar de la población no debería ser el principal objetivo de nuestros políticos? Eso solo se logra dando reglas claras a los inversionistas para que así crezcamos más y se creen más puestos de trabajo. Eso es lo que necesitamos.

Debemos exigirles a los que quieren modificar la Constitución, o peor aún regresar a la de 1979, que nos expliquen cómo así esto redundará en un mayor bienestar para nuestra población. Estoy seguro de que tendrían gran dificultad en hacerlo.

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