Defender a los custodios

Las imágenes de los policías heridos durante las labores de desbloqueo de la carretera Panamericana Sur, en Arequipa, que los manifestantes antimineros han cubierto de rocas, llantas ardiendo y trastos de basurales, fueron más que elocuentes. Hasta el momento son 14 los policías heridos por pedradas y otros objetos contundentes, arrojados desde techos o cerros vecinos.

La Policía Nacional ha extremado el cuidado para contener los disturbios por lo de Tía María, poniendo en riesgo incluso a sus propios efectivos. Debemos recordar que, así como un sector de la ciudadanía ejerce su derecho constitucional a una protesta pacífica, quienes no participan en ella también tienen el derecho a circular sin ser agredidos, y a las fuerzas de seguridad les corresponde vigilar que todo se mantenga dentro del cauce legal, presuntamente “pacífico”, si estiramos un poco el lenguaje: dada la belicosidad habitual de estas movilizaciones, no es nada fácil la tarea, pero debe decirse que la PNP está demostrando una impresionante madurez en su manejo del polvorín que en estos días es esa zona del sur peruano.

Esa madurez y profesionalismo es en lo que se apoya la Ley de Protección Policial recientemente aprobada por el Congreso, ya que, por otro lado, en su lucha contra el hampa venían produciéndose casos insólitos como la prisión preventiva o arresto preliminar de agentes de la PNP por haber hecho uso de sus armas de reglamento en circunstancias de violencia o defensa propia ante el ataque de malhechores, dejando a estos heridos o muertos.

Se trata de una iniciativa que merece todo el respaldo, pues se estaban sumando demasiados casos de policías pasando un viacrucis judicial por haber intervenido en situaciones incluso de flagrancia, como por ejemplo la ridícula persecución al suboficial PNP Evert Cueva Cueva, quien afronta un proceso penal por haber herido en el brazo, con su arma, a un ladrón que le arrebató el celular sin saber que era policía, ya que estaba vestido de civil.

La nueva ley será un avance en la protección legal de aquellos uniformados que, aun a costa de su integridad, actúan para defender a la sociedad y el bien común de los malos elementos que atentan en su contra.