El dedo del Poder Judicial

En una iniciativa inusual, Daniel Salaverry anunció la inminente separación de 130 servidores del Congreso de la República. “Muchos ingresaron en la gestión de Galarreta como estables y, utilizando los recursos del Estado, actuaron como troles del fujimorismo”, declaró con su acostumbrada candidez el congresista Yonhy Lescano (AP). Mientras Karina Beteta (FP) ironizaba la medida y solicitó que su presidente, ex compañero de bancada, “deje sin efecto el nombramiento de su personal de confianza y convoque a concurso de méritos”.

Más allá del hastío que sufrimos con los políticos con sus dimes y diretes, volvamos a reflexionar acerca de la productividad e idoneidad de los trabajadores del Estado y la desidia del Gobierno en materia laboral. Si así está el Congreso, copado de ineficiencia y arbitrariedad, ¿cómo estarán Sedapal y Petroperú?

Muchas organizaciones públicas fungen de agencia de empleo no calificado del gobierno de turno. ¿No es eso corrupción?

En el Estado empresario y empleador prevalece el interés y la afinidad política sobre la capacidad y la eficiencia, es decir sobre el país. ¿Y en el sector privado? La injerencia del Estado es permanente e inadecuada. Cada vez más, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, a través de cuestionables sentencias, son los que deciden a dedo si un trabajador es eficiente, competente, si merece más o menos beneficios, si se queda o se va...

El mercado laboral en lo público, sometido a los vaivenes de los políticos, y en lo privado está a merced de los magistrados que con “extraña” ideología resuelven sistemáticamente en contra de la productividad y de la flexibilidad laboral. Al Gobierno parece no preocuparle...