Decana en la mira

En el conflicto que derivó en la toma del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a estas alturas las aguas deberían estar volviendo ya a su cauce, los estudiantes a sus aulas, las autoridades universitarias a sus oficinas y la guardia de asalto de la Policía Nacional a sus cuarteles.

El largo problema generado inicialmente por el intercambio vial que se lanzó a construir el hoy procesado exalcalde Luis Castañeda Lossio –que en 2008 llevó a que se tumbara el cerco perimétrico de la ciudad universitaria– pasó a mayores en los últimos días, al producirse violentos enfrentamientos de los estudiantes contra la Policía, en las inmediaciones del campus e incluso dentro de él.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, había declarado que la reconstrucción del cerco perimétrico, que inicialmente iba a afectar hasta nueve mil metros cuadrados de la propiedad de la Decana de América, finalmente no afectará los terrenos de la universidad. Cabe precisar que la cancelación de la ‘oreja vial’ ya se acordó antes y ahora solo se ha ratificado. En días recientes, Muñoz añadiría que pensaba, asimismo, convocar a especialistas provenientes de la Facultad de Ingeniería Civil de la propia UNMSM, para que se reuniesen con técnicos de la municipalidad y encontrar juntos una manera de replantear el proyecto de intercambio vial que se aprobó durante la gestión de Castañeda, pero esta vez buscando minimizar cualquier perjuicio a la comunidad sanmarquina, pues tampoco se podía demoler íntegramente una obra ya avanzada para mejorar el tráfico vehicular y la vida de quienes viven o circulan diariamente por la zona.

Una salida lúcida y democrática la del burgomaestre limeño, quien ayer, ante los estudiantes sanmarquinos, se comprometió a involucrarlos en el desarrollo de la obra. El alcalde sabe que, por encima de todo, tiene que buscar el bienestar de los vecinos a través del ordenamiento de la ciudad, pero también que debe escuchar a todas las partes involucradas. Y ha sido en un diálogo con los estudiantes, autoridades sanmarquinas y el Ministerio de Educación que la comuna limeña ha planteado y suscrito soluciones prácticas al conflicto, en cuanto le compete.

Es cierto que la toma de la casa de estudios obedece también a otras demandas de los estudiantes al rectorado, que a todas luces evidencia severos problemas de comunicación y gestión interna, pero si el principal móvil de la protesta va resolviéndose, la medida de fuerza ya debería deponerse, aunque algunos dirigentes pretendan lo contrario.