Foto: Nancy Dueñas.
Foto: Nancy Dueñas.

Autor: Ricardo Monzón Kcomt.rmonzon@peru21.com

Rolando Luque es el encargado de la Defensoría del Pueblo para mediar entre el Ejecutivo y los opositores al proyecto Tía María. Él considera que hace varios años el Estado pudo evitar la realidad de ahora.

¿Qué acciones está tomando la Defensoría del Pueblo para solucionar el conflicto por el proyecto Tía María?Desde el año 2009, la Defensoría del Pueblo hizo sus máximos esfuerzos para que el problema fuera resuelto por la vía del diálogo. Hemos heredado un conflicto del pasado que no fue atendido adecuadamente.

Ustedes trataron de mediar a fin de que se produjese el diálogo pactado para anteayer…Recibimos de parte de los cuatro alcaldes de la zona –tres distritales y el provincial de Islay– una primera carta el 2 de mayo, por la que nos autorizan a iniciar el diálogo con el Estado. A esa carta se suma otra del 5 de mayo, en la que el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo y el del frente de defensa se adhieren a las solicitudes de los alcaldes. Entonces, la voluntad de dialogar estaba expresada.

Pero se frustró el diálogo…Sin embargo, obtuvimos una declaración unilateral de los alcaldes y dirigentes de que su posición era que el proyecto minero debía retirarse. Ese no era el sentido original de sus cartas, no esperábamos una respuesta así y nos sentimos extrañados y desconcertados de que la palabra empeñada en estas cartas no se haya honrado.

¿Qué cree que pasó?Pueden plantearse varias explicaciones. Yo preferiría no entrar a especular sobre las reales intenciones de alcaldes y dirigentes. Espero que le den una explicación al pueblo de Islay.

¿Es posible que las personas que se oponen a Tía María sean las mismas que hicieron lo propio con Conga?Puede ser, es muy difícil hablar del ánimo de la población en general. En Mollendo hay mucha población que se expresa a favor del proyecto minero. Sí se puede identificar a unas minorías muy violentas, que son las que están atacando a la población civil, ese es un grupo cuyo objetivo no parece ser el diálogo, pero entiendo que también puede haber un sector de la población de Islay que desconfía del proyecto minero.

Las autoridades locales recogen el sentir de la población y ellos sienten que la Policía los ataca, que el Gobierno no entiende sus problemas…Yo comprendo el sentimiento de la población, la compañía minera no tiene los mejores antecedentes y en el 2011 no notamos que el Estado se hubiera preocupado por cautelar el ambiente y los intereses de los agricultores de Islay…

Si Southern tenía malos antecedentes en el Perú, ¿por qué se le dio la concesión? ¿No era previsible que se generaría un conflicto?Es que no podemos poner de lado el principio de legalidad. Hay un marco normativo que le permite a cualquier empresa que tiene una concesión minera presentar un estudio de impacto ambiental (EIA).

¿Pero de quién depende aceptarlo?Del Estado. El Estado evalúa el EIA y el Ministerio de Energía y Minas toma la decisión de aprobarlo. En cualquier caso, se siguió un procedimiento administrativo ordinario, el Estado funciona de esa manera.

El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue revisado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos (Unops), que hizo 138 observaciones, pero en el segundo EIA no se pidió el visto bueno de este organismo. ¿Por qué?Se debió hacer, totalmente de acuerdo. La reunión del miércoles era justo para diseñar un mecanismo de diálogo en el que pudiéramos tener un debate técnico, de modo que se determinara si esas 138 observaciones fueron absueltas o no. Sí debo dejar constancia de que la gobernadora de Arequipa planteó que el gobierno regional podía contratar a un experto para que analizara ese EIA. Eso sería una contribución para la comprensión de este documento.

¿Se puede hacer un nuevo EIA?La ministra de Energía y Minas dijo que si queda demostrado que el EIA utilizó información equivocada, el ministerio no tendría ningún inconveniente en señalar la nulidad de ese estudio.

En el 2011 murieron 3 personas por este proyecto. ¿Cree que el Estado pudo hacer algo para que no ocurrieran estos enfrentamientos de ahora?En el 2011, el Estado pudo haber sido mucho más exigente con la empresa respecto de ese EIA. Sobre todo porque la intención era tomar el agua del río y el agua subterránea.

Es decir, desde esa época el Estado pudo darse cuenta…Mire, lo que no se negocia bien en el día uno es muy difícil negociarlo en el día diez. Los procesos de radicalización son muy acelerados.

¿El Estado estuvo ausente?A veces el Estado no está ausente pero hay presencias estatales insuficientes. A veces la mirada desde la capital, desde el centro del poder, es muy lejana y no percibe lo que está sintiendo la gente. Creo que se debió tener un poco más de celo, de cuidado, debió existir un equipo permanente que estuviese midiendo la temperatura de manera continua, para saber por dónde iba el ánimo de la población.

AUTOFICHA

- "Soy adjunto para la prevención de los conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Soy abogado de profesión y licenciado en Filosofía, con un máster en Protección Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá, en España".

- "No tenemos en este momento una Policía que pueda enfrentar profesionalmente un escenario como el de la conflictividad social, que es distinto a los escenarios de la delincuencia común, del narcotráfico, del terrorismo, etc.".

- "Los pobladores de Islay no son delincuentes, pueden cometer algunos delitos pero serán identificados. Los policías no están capacitados para tratarlos. Incluso, solo deberían usar armas no letales, porque las letales se usan cuando está en riesgo la vida del policía o de un tercero".

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