No, no es una situación que pueda pasarse por agua tibia, el que un ciudadano (se cuentan por muchos) señale haber sido afiliado sin su conocimiento y mucho menos consentimiento a una organización política, cuyos nombres, apellidos, firmas y supuestas huellas dactilares, obran en padrones electorales que inexplicablemente pasaron el control del Reniec en cuanto a la verosimilitud de los datos y trazos de las firmas y que sirvieron para el proceso de inscripción de determinados partidos.
Sin medias tintas, esto es un delito y, yo diría, un concurso de delitos, porque se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, como el derecho a la intimidad, que debe preservar la Ley de Protección de Datos Personales, y el derecho de participar en la vida política de su país de forma individual o asociativa; en este último caso, mediante su afiliación voluntaria, esto es, libre y espontánea, a una organización, cuya contravención atenta contra el libre ejercicio de las voluntades, piedra angular de la democracia y del Estado de derecho.
¿Tan frágil es nuestra memoria que ya olvidamos el escándalo de la falsificación masiva de firmas en planillones de Perú 2000 y de Perú Posible? Aquello fue de tal impacto en los años 2000 que varios personajes purgaron carcelería, entre ellos el excongresista Óscar Medelius, recientemente asesinado.
En mi opinión, aquí no estamos meramente ante una afiliación indebida a una organización, algo de corte administrativo que se subsana con una solicitud de desafiliación y por cuyo trámite se pretende cobrar S/46.20, debiendo ser lo contrario, de “costo cero” para el agraviado.
Estimo que, a estas horas, el procurador público del JNE, que representa y defiende los intereses del ente que, según su ley de creación, no solo administra justicia electoral, sino que “mantiene” el registro de las organizaciones políticas, ya debe estar interponiendo denuncia penal contra las organizaciones que falsificaron firmas y huellas dactilares en sus planillones, así como el uso indebido de los datos personales de los ciudadanos, sin perjuicio de la multa millonaria a que hubiera lugar. Asimismo, el Ministerio Público, de oficio, debe iniciar investigación sobre la vulneración de la Ley de Protección de Datos Personales con fines electorales y no parar hasta individualizar al proveedor de la base de datos con información sensible de los ciudadanos peruanos. Los llamados a responder son claramente los personeros legales de aquellos partidos que se aprovecharon de dicha data. Por su parte, el Congreso pudiera muy bien aprobar una norma de vigencia inmediata para suspender la participación de tales organizaciones, por lo pronto, para los próximos comicios electorales. ¡Drasticidad en la defensa de nuestra frágil democracia!
