Diez años atrás empezó la instrucción por hechos imputados a la cúpula del gobierno socialista en Andalucía, gobernada por ese partido durante más de 40 años. Fue una mujer, la juez Alaya, elegante y enigmática (jamás habló con la prensa del tema), la que abrió la pesquisa, que pronto se conoció como el caso de los ERE (Expedientes de regulación de empleo).
Acaba de publicarse la sentencia condenatoria que señala que el gobierno socialista andaluz creó un sistema fraudulento por el que más de 680 millones de euros fueron repartidos entre las empresas en situación de crisis laboral (real o simulada), sin ningún control ni criterio objetivo, sino con un afán de reparto de prebendas que obedecía a intereses puramente electoralistas.
La lectura de la sentencia da para muchas interpretaciones. La primera, a partir de un artículo publicado en un diario dominicano, la melancolía que produce esta clase de sentencias si se compara la situación en un país y otro. En República Dominicana –decía el articulista– no hay forma de llevar adelante juicios por corrupción. Hay que conformarse con gritar “ladrones” a la cara de ciertos políticos. Ahí se echa de menos una clase judicial independiente y proba, capaz de erigirse contra el poder.
También caben otras interpretaciones, al hilo de la reacción del propio Partido Socialista y de su –falso– argumento de que los políticos condenados “no se enriquecieron personalmente”. Curiosa moral que termina por aceptar que lo malo es meterse el dinero al bolsillo y no da importancia a robar a cientos, miles y millones de ciudadanos a cambio de mantener el poder, pero, eso sí, con los bolsillos limpios. Por lo visto robar al erario público no es robar. Ni lesionar el interés público.