Lo que está sucediendo en el Congreso de la República es realmente escandaloso. Legislatura tras legislatura se van proponiendo, y a menudo aprobando, leyes casi con nombre y apellido, sin que a los representantes les importe el daño que le hacen al país.
Nos hemos cansado, en este mismo espacio, de denunciar y rebatir iniciativas parlamentarias tan nefastas como los irresponsables retiros de los fondos previsionales de las AFP, las contrarreformas electorales y educativas –sembrando el caos en el escenario electoral y destruyendo todo lo que se había avanzado en una educación pública moderna y de calidad– y los topes a los créditos bancarios, entre otros desatinos.
Normativas que favorecen abiertamente los intereses asociados a la minería ilegal, los taxis colectivos, los profesores incompetentes, las universidades bamba… Pero lo propuesto el último martes por Luis Cordero Jon Tay sobrepasa cualquier cálculo o imaginación por maligna o pesimista que fuese.
Este parlamentario, que llegó al Congreso gracias a Fuerza Popular, se pasó a la bancada de Acción Popular por disputas intestinas con sus correligionarios naranjas y, luego de pasarse a Somos Perú, terminó comprendido también en investigaciones fiscales por haber participado –según la tesis del Ministerio Público– en la red de negociados del expresidente Pedro Castillo, ha batido todos los récords de cinismo político que se han registrado.
Cordero presentó un proyecto de ley para que las personas sentenciadas por delitos de corrupción puedan postular a la presidencia o la vicepresidencia de la República.
Muy aparte de que, como sabe cualquier observador, se trata de una normativa con nombres y apellidos (Alberto Kenya Fujimori Inomoto… como figura en su partida de nacimiento), este engendro le abriría la puerta además a cualquier exfuncionario que haya incurrido en coimas, sobornos o intercambio de prebendas. En pocas palabras: delincuentes condenados podrían llegar a la presidencia.
El congresista alegó, para sustentar su propuesta, que el cambio de ley permitiría la resocialización y reinserción de las personas sentenciadas.
Pero como le ha contestado el especialista en derecho electoral José Naupari, en Perú21, si el objetivo fuera ese, la iniciativa buscaría eliminar la prohibición también para los sentenciados que quieran ser candidatos al Congreso, a las alcaldías y a los gobiernos regionales… que tampoco, por supuesto, es algo deseable.
Estamos, pues, ante un nuevo y grotesco atentado contra la democracia peruana y el sistema político que la sostiene y le otorga legitimidad. Este proyecto de impunidad debería ser rechazado sin mayor trámite.
