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Carlos Tapia,Opina.21A las 11 de la mañana del 28 de agosto del 2003, los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) nos dirigimos a Palacio de Gobierno para entregarle al presidente Alejandro Toledo los nueve tomos del informe final, donde se daba cuenta del resultado de la tarea encomendada por el DS 065-2001 del 4 de julio de 2001, suscrito por el presidente Valentín Paniagua, el premier Javier Pérez de Cuéllar y los ministros Diego García Sayán, general PNP Ketín Vidal y general EP Walter Ledesma, donde se nos encargaba "esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado" durante los años 1980-2000.

Mientras viajábamos a Palacio, se instaló un sentido silencio entre los comisionados. Se juntaban los sentimientos de la tarea cumplida entrecruzados con los recuerdos de los testimonios lacerantes de las víctimas.

Ya en Palacio y en presencia de los principales representantes de los poderes del Estado y distinguidas personalidades, el Dr. Salomón Lerner Febres –presidente de la CVR– empezó su discurso afirmando: "Las dos últimas décadas del siglo XX son –es forzoso decirlo sin rodeos– una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanos". En el informe final no solo se muestra descarnadamente la gravedad de las violaciones de los derechos humanos principalmente contra la población campesina y quechuahablante, sino –algo no siempre recordado– que se señala acusadoramente que "la clase política que gobernó o tuvo alguna cuota de poder oficial en aquellos años tiene grandes y graves explicaciones que dar al país". Lo que pocos exigieron y lamentablemente nunca se dio.

Desde entonces han pasado ya 11años. Felizmente el informe final no cayó en un saco roto. Ha provocado polémicas apasionadas que continúan hasta ahora, pero lo correcto es leerlo antes de criticarlo. https://www.cverdad.org.pe/ifinal/