¿Cuota de género en el CNM?

El Ejecutivo ha presentado el proyecto de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con la idea de que sea puesto a consulta popular. Además de proponer ciertos requisitos para los consejeros (como tener más de treinta años de ejercicio profesional), se establece que "la elección de los miembros del CNM garantiza una participación equilibrada de consejeros hombres y mujeres”. Algo que en la anterior composición de la entidad no se cumplía: de los siete, solo una era mujer. 

La modificación planteada no establece una proporción exacta. Pero si bajo esta norma solo se eligieran una o dos mujeres, podríamos decir con seguridad que no se está cumpliendo con el equilibrio dispuesto.
Las cuotas de género son muchas veces criticadas. Se dice que dejarían de lado las capacidades, y buscarían darle oportunidades a una mujer solo por el hecho de serlo. Me parece una manera incorrecta de entenderlas, pues no buscan conseguir que las mujeres seamos elegidas por nuestro género, sino a pesar de él. 

Lamentablemente, hoy muchas veces se considera que las mujeres no valemos lo mismo que los hombres. No importa que nuestra valía sea la misma: si tomamos dos personas con iguales características, una mujer y un hombre, la sociedad percibirá más valioso a este último. La ilustración clara de este hecho la conocemos todos: los hombres y mujeres no tenemos igual salario incluso allí donde tenemos trabajos similares (ocupamos el puesto 128 de 144 en equidad en este rubro, según el Global Gender Gap Report 2017). Mientras no nos consideren igual, la competencia por cargos públicos no será sobre una cancha pareja. 

El objetivo, además, es que al tener más mujeres en puestos visibles se terminen de derrotar prejuicios sobre nuestras capacidades (sí, hay mujeres economistas y sí, se puede ser madre y tener un trabajo de nueve a nueve). La idea es que las cuotas funcionen para empujar al país a una sociedad donde ya no sean necesarias.

En el Perú estamos lejos de este ideal. De hecho, toda la data nos dice que las mujeres tienen baja representación en cargos públicos. Desde que en el 2000 se aplicara por primera vez la norma que establece un mínimo de candidatas mujeres (actualmente el 30%), el número de parlamentarias electas no ha sido menor de 22 (el pico ha sido 35, en el 2006 y en el 2016).

Si bien esta cifra es mayor que en los ochentas o noventas (entre 3 y 13 parlamentarias), sigue siendo un porcentaje bajo. En general, en el 2016 solo el 25% de los cargos públicos estaba en manos de mujeres. En marzo, Ojo Público concluyó que las mujeres ocupaban solo el 21% de 137 altos cargos en los poderes Ejecutivo, Legislativo Judicial y 15 entidades del Estado. 

Ahora bien, frente a esta realidad de subrepresentación, no se puede pretender que el establecimiento de cuotas sea la panacea. Primero, porque hay maneras de circunvalarlas (por ejemplo, los partidos pueden apoyar más a candidatos hombres que mujeres). Segundo, porque –por mucho que cueste admitirlo – cargamos todavía con una discriminación histórica que explica que, a veces, todavía haya menos candidatas mujeres para altos cargos que requieren varias décadas de experiencia. Y, tercero, porque la discriminación está tan arraigada que será un esfuerzo de largo aliento acabar con ella.
Más allá de eso, cuando se decida aplicar cuotas, esto deberá hacerse con criterios técnicos, y su eficacia deberá ser evaluada. ¿Ha funcionado? ¿Estamos efectivamente contratando a gente capaz? ¿Vale la pena replicarlo?