El expresidente Martín Vizcarra ha sumado una nueva denuncia constitucional a las que ya tiene. Esta nueva acusación es por la compra de 1.4 millones de pruebas rápidas para COVID-19 durante los primeros días de la emergencia sanitaria.
El expediente incluye también a funcionarios de su gobierno, entre ellos a sus exministros de Salud y de Economía y Finanzas. El exmandatario acumula dos inhabilitaciones por otros escándalos de corrupción y el Jurado Nacional de Elecciones ha precisado recientemente –al amparo de un fallo del TC– que en esa condición no puede ser militante de ningún partido. Por lo tanto, está impedido de postular a un cargo público.
Volviendo a la reciente denuncia constitucional, el caso, como se sabe, se remonta a los momentos más críticos de la pandemia, cuando las decisiones del Ejecutivo se tomaban bajo presión, pero –según la Fiscalía– con márgenes que abrieron la puerta a concertaciones indebidas. La denuncia fue remitida al Congreso, que deberá evaluarla en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Recordemos que Vizcarra ya es investigado por recibir presuntos sobornos durante su gestión como presidente y como gobernador regional de Moquegua. Y actualmente afronta un juicio oral en el que se le acusa de haber recibido sobornos para favorecer a empresas en la construcción del hospital de su región y el proyecto Lomas de Ilo.
El JNE, entonces, no puede quedarse ahí en cuanto a decisiones importantes como esta. Debería ejercer un rol pedagógico e informar públicamente a la ciudadanía sobre los exfuncionarios inhabilitados o partidos cancelados que están imposibilitados de participar en las próximas elecciones, de manera que nadie sorprenda ni estafe a los electores, intentando asolaparse en otras agrupaciones o poniendo sus rostros y nombres en carteles. Vizcarra, sin ir muy lejos, pese a las sanciones y procesos en su contra, continúa en campaña como si tal cosa.
De hecho, no solo él: se trata de un recurso al que no pocas organizaciones estarían apelando con la finalidad de atraer votos para sus partidos políticos. Las autoridades electorales podrían, por ejemplo, difundir la relación de estos personajes, y las graves razones por las que quedaron fuera de carrera.
Ya bastante tenemos con la enorme cantidad de organizaciones políticas que se postularán en las próximas elecciones para sumar un nuevo factor de confusión que podría llevar agua, una vez más, al molino equivocado.
