Durante largos años el chavismo fue en la práctica cómplice de las actividades de una de las organizaciones criminales más violentas y sanguinarias de la región, cuyo funesto impacto en países como el Perú ha venido creciendo día a día. El dictador Nicolás Maduro, como se sabe, les regaló el laberíntico y abigarrado penal de Tocorón, en Aragua, donde la banda instaló su centro de operaciones, convirtiéndolo casi en un búnker. Y fue desde ahí que, según los especialistas, expandió sus operaciones fuera de las fronteras ‘bolivarianas’, hacia territorios chilenos, ecuatorianos, colombianos y peruanos.
Ayer, presumiblemente ante la presión internacional y constante protesta de las autoridades de las naciones afectadas, 11 mil efectivos del ejército venezolano ingresaron a ese presidio y tomaron el control. En realidad, lo recuperaron, pues quienes mandaban eran los cabecillas de dicha banda.
Del establecimiento se sabía que contaba con piscinas, criaderos de animales, un zoológico de animales exóticos, pistas de motocross, discotecas, lujosos gimnasios y hasta una residencia de dos pisos y full equipo para el así llamado ‘Niño’ Guerrero, el capitoste de la organización. Hasta el cierre de esta edición, se ignoraba la suerte que ha corrido este temible criminal que dirige los crímenes en el Perú, pues cuando ingresaron los soldados fueron numerosos los internos que se volcaron al sistema de túneles que les permitía salir y entrar a su antojo del penal, y tampoco se ha confirmado si se encuentra entre los trasladados. Es más, según la versión de una ONG venezolana, antes del operativo hubo una negociación con los cabecillas, lo que les habría permitido escapar.
A este operativo en Venezuela deben seguirle otras medidas en el resto de los países afectados. No es mala idea que en este punto específico coordinasen las fuerzas de seguridad de cada Estado para acabar de una vez por todas con esta lacra social. Y, sobre todo, vigilar nuestras fronteras para que los hampones más ranqueados de esa organización que ahora, presumiblemente, estarían libres, no ingresen al Perú.
Es también una oportunidad para que el Gobierno peruano apoye decididamente –con equipación, tecnología e infraestructura— a la Policía Nacional del Perú y, en especial, al coronel Víctor Revoredo en la lucha por desarticular a las distintas facciones del Tren de Aragua en Lima y otras ciudades del país.