(Foto: GEC)
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Conmemorar el bicentenario de nuestra independencia nos ayuda a reflexionar sobre nuestro recorrido como república y esbozar el camino hacia adelante. Sin embargo, no debemos perder de vista que nuestra historia es mucho más larga, que nuestra riqueza cultural es amplia y diversa. Y también, que hay legados de desigualdad y de exclusión que tienen más de 200 años, pero que aún afectan nuestra sociedad y nuestras instituciones.

En el Congreso de la República tenemos tan solo un ejemplo de esto: hoy en día no existe un mínimo sistema de interpretación o traducción para los parlamentarios que, en vez de español, hablen idiomas o lenguas originarias de nuestro país.

He sido testigo de cómo, en debates importantísimos, algunos congresistas hacen intervenciones en quechua. Sin embargo, no son entendidas y consideradas por sus colegas. Y no solo eso, ni siquiera son registradas oficialmente. En los diarios de debate de esas sesiones, en lugar de esos discursos uno simplemente encuentra pequeñas anotaciones que dicen “Intervención en quechua”. Las participaciones de congresistas de la República en idiomas distintos al español son borradas de la historia.

¿Cómo puede existir semejante y dañina omisión en el máximo órgano de representación de nuestra nación?

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El Perú es un país plurinacional y multilingüe donde existen 48 lenguas originarias vigentes. Según el censo de 2017, casi el 20% de la población peruana tiene un idioma distinto al español como lengua materna. Son millones de ciudadanos con los mismos derechos, pero cuya participación en las instituciones que dicen representarlos siempre se ha visto restringida por viejas dinámicas discriminatorias.

Es por esto que, para este caso específico, he elaborado un proyecto de resolución legislativa que modifica el Reglamento del Congreso. Con esto, los congresistas tendrán el derecho a expresarse en su idioma original y de contar con traducción directa o inversa. Podrán intervenir en su lengua originaria y, con un sistema de interpretación simultánea, entenderse con el resto de parlamentarios. También podrán presentar documentos oficiales en su respectiva lengua. Esto no es nuevo ni difícil. Ya se aplica en países como Bolivia, Canadá, España o Nueva Zelanda.

En nuestro país ya existe legislación sobre el derecho de todo peruano a ejercer su propia identidad cultural. Está reconocido en nuestra Constitución Política y en la Ley N° 29735. Reconocen y protegen la pluralidad étnica y cultural, y garantizan el derecho de las personas a usar su lengua originaria en forma oral y escrita en los ámbitos público y privado.

El caso del Congreso, si bien es muy específico, es representativo de un país en el que la diversidad cultural y lingüística de nuestros orígenes no suele ser celebrada, sino despreciada. Es solo una parte visible de un problema de fondo que perdurará mientras el Estado no asegure en su totalidad que las personas no puedan acceder, en su propia lengua, al sistema de justicia, a atención por parte de su gobierno o a un sistema educativo de calidad. Es también un caso simbólico en un país en el que las personas parecen no entenderse entre ellas.

Pensar en el futuro del Perú más allá de los 200 años requiere superar viejas ataduras, más antiguas que nuestra propia república. Construir una república plurinacional, inclusiva y diversa no es otra cosa que seguir reforzando nuestra independencia.

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