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Cuestión incómoda

“Las modificaciones que se aprobaron más de 25 años atrás buscaron fortalecer un régimen presidencialista, donde el presidente tuviese herramientas para lidiar con un Congreso obstruccionista”.

Flor Pablo Medina

Congresistas de Fuerza Popular y el Apra conversando antes de que ingrese la ministra Flor Pablo Medina al pleno. (Foto: César Campos / GEC)

Cuestión incómoda. (Foto: César Campos / GEC)

Augusto Rey
Augusto Rey

La Constitución de 1993 fue diseñada para asegurarle a Alberto Fujimori holgura para gobernar, sin ataduras a un Congreso en el que podría no tener mayoría, como el que enfrentó hasta abril de 1992. Las modificaciones que se aprobaron más de 25 años atrás buscaron fortalecer un régimen presidencialista, no parlamentario, en el que el presidente tuviese herramientas para lidiar con un Congreso obstruccionista. Y así fue pensada la cuestión de confianza en ese momento.

Revisando la sentencia del TC 0006–2018-PI/T, de noviembre del año pasado, en la que se declaró inconstitucional el intento de cambiar el Reglamento del Congreso para restringir el poder presidencial vinculado a cuestiones de confianza, aparece esta referencia al debate constituyente de 1993, en el que el congresista Chirinos Soto señalaba que “la cuestión de confianza puede plantearse sobre lo que se quiera. El presidente del Consejo la plantea cuando quiere y como quiere. [...] Por ejemplo, podría decir: señor, hago cuestión de confianza de que se respeten las decisiones del presidente”.

Resulta que ahora a Fuerza Popular no le gusta su propia Constitución, diseñada para asegurar un balance de poderes. Si la cuestión de confianza no guarda lógica legal ni democrática, ¿por qué no la cambiaron luego de tantos años transcurridos?

Otra pregunta que queda dando botes es ¿por qué el presidente del TC, con vasta experiencia y solvencia, se ha arriesgado con un comunicado como el que publicó? Si la sentencia del TC del año pasado no se refiere explícitamente a la posibilidad de presentar una cuestión de confianza para reformas constitucionales, entonces es muy probable que el asunto regrese al TC para un nuevo pronunciamiento que traiga esa precisión. ¿Qué justifica el adelanto de opinión?

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