Cuestión de fondo

El punto de ignición, qué duda cabe, fue el escandaloso blindaje de la mayoría parlamentaria al fiscal supremo Pedro Chávarry, quien –en una nueva exhibición de cinismo– incluso, en su írrito alegato de defensa, se dio el lujo de agradecer no tan veladamente a las bancadas que lo están encubriendo, al criticar el trato que sus líderes han recibido del equipo especial Lava Jato.

Y es justamente en ese punto donde las antenas del presidente Martín Vizcarra y la creciente indignación popular sintonizan con fluidez. En el mensaje a la nación de ayer, presentado con el gabinete en pleno y en compañía de todos los gobernadores regionales del país, el mandatario fue breve pero sólido para explicar por qué estaba planteando la cuestión de confianza al Congreso de la República. Se trata de cinco ejes alrededor de dos políticas de Estado que el gobierno considera fundamentales, y sobre las que se basan las reformas política y judicial que la ciudadanía aprobó en el último referéndum. Reformas que hasta el día de hoy la mayoría aprofujimorista ha venido boicoteando o tergiversando sistemáticamente, burlándose una y otra vez de la voluntad popular expresada claramente en las urnas.

La reacción del Ejecutivo se enmarca en lo que la Constitución del Perú permite, en salvaguarda de una democracia que –de más debería estar decirlo– costó mucho recuperar, para que luego vuelva a caer en las mismas manos de quienes en las últimas décadas del siglo pasado la mancillaron con sus millonarios negocios ilícitos a costa del erario público.

Con la acusación presidencial de que en el Congreso se está construyendo un sistema en beneficio de la corrupción y la impunidad, ya no caben excusas ni coartadas. Todo el país ha sido testigo, blindaje a blindaje. Lo de ayer no ha sido una “pechada” ni mucho menos una “rabieta”, como algunos extraviados dirán y otros seguramente repetirán. Ya verá el Congreso si acoge el ultimátum del jefe de Estado. Y si no lo hace, sabemos lo que viene a continuación.