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Juan José Garrido,La opinión del directordirector@peru21.com

Y si el anterior desliz hacía imperativa la renuncia de la canciller (dado que no se contaba con los votos suficientes para la censura, fina cortesía de la chakana), asumiéndose con ello el costo político de la falla, hoy nos encontramos frente a un dilema que se encuentra en las fibras de nuestro sistema democrático: la separación, independencia y respeto entre los poderes del Estado.

Como bien señaló recientemente el presidente Ollanta Humala, es el Ejecutivo quien dirige la política exterior en nuestro país. No hay discusión sobre ello. No obstante, por algo nuestra Constitución señala –expresamente– la necesidad de contar con un permiso del Legislativo, así como la ley 28344 regula el procedimiento.

Lo que está en discusión, entonces, no es quién determina la política exterior peruana; empero, sí le corresponde al Legislativo dar el visto bueno a los viajes del mandatario, le guste o no a este. Ambas escalas en Francia (2012 y la reciente) no son, en este sentido, técnicas, sino más bien premeditadas y, por ello, el Congreso debe saber porqué y para qué.

A sabiendas de esto, sin embargo, el mandatario ha optado por hacer del pedido constitucional una mofa. En este sentido, es obvio que si el Legislativo no le llama la atención por esta conducta al presidente Humala es porque se encuentra en manos del oficialismo. Habiendo ocurrido el acto previo con otro canciller, en otro premierato, sólo le queda al Legislativo actuar, emitiendo al menos un comunicado.

En nuestra opinión, ambas instituciones cometerían un grave error si permiten este modo de acción: el Ejecutivo, al hacer uso indebido de un procedimiento, y el Legislativo, al permitirlo. Si el segundo no actúa, estaría oscureciendo su papel y, peor aún, trasgrediendo el balance y la separación de poderes, elementos fundamentales de nuestra (aunque precaria) democracia.